O P I N I O N

martes, 22 enero 2002 

 Enero, mes de invasiones   
Hemos presenciado ayer en Carabayllo una invasión de terrenos de propiedad privada, con el simple argumento –sin entrar a discutir las oscuras motivaciones que podrían estar atrás– de que necesitan vivienda propia. Es decir, de aceptar este principio, el estado de derecho cedería ante la ley de la selva.
El hecho podría parecer conocido, y más aún en enero, que es la época preferida por los usurpadores, pero pone de relieve unas características que se vienen acentuando en los últimos años. En 1958, las invasiones de lo que hoy son pujantes distritos que se asientan a la vera de la avenida Túpac Amaru se hicieron en los terrenos a los lados de los cerros, propiedad del Estado. Los invasores respetaron las haciendas que estaban en el otro lado de la antigua carretera a Canta, porque eran propiedad privada.
El razonamiento era que en zona pública tenían derecho a exigir un terreno para vivir, porque era responsabilidad del Estado proporcionar vivienda. Además estaban seguros de que por ser propiedad fiscal nadie los sacaría. Por supuesto, al margen de los problemas particulares, no se puede tolerar ocupaciones de terrenos ya sean privados o eriazos del Estado. Sin embargo, es importante resaltar que el respeto a lo privado en esa época no estaba en duda, actitud que ha ido desapareciendo cada vez más. Hemos llegado casi a que necesitar algo justifica que lo tomemos.
Asimismo, en esos años estaba la infaltable estera y la bandera acompañaba a la familia, las mujeres y los niños por delante para disuadir la represión de la policía. Era una actitud de defensa y protección. Hoy en día, en cambio, vemos pandillas de mozalbetes armados de palos y piedras, provocando la violencia y en plan ofensivo.
De manera similar a las turbas que hasta con machete en mano marchaban hace unos días para exigir su reposición en los puestos públicos de los que fueron despedidos hace muchos años. Parecidas a las que hace unos meses atacaron el Congreso Nacional.
En los años cincuenta y sesenta se produjeron grandes migraciones internas y una explosión demográfica sin precedentes. Lima pasó en 60 años de 700 mil habitantes a 7 millones. Eso explicaba la gran presión en demanda de tierras y vivienda, que desbordó la formalidad del Estado. Sin embargo, la causa ahora es distinta.
En primer lugar, el eterno problema de los traficantes de tierras. Éstos a veces alientan las invasiones o son responsables de estafas a quienes desean techo propio, los cuales, defraudados, deciden tomar por la fuerza aquello a lo que creen tienen derecho. No importa de quién sea y así caen los cercos perimétricos.
Pero también hay una herencia de la dictadura. La Comisión de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) fue muy controversial. Desde su creación en 1995 fue ampliando sus facultades, en desmedro de las prerrogativas municipales de titulación y planificación urbana. Proceso que la democracia ha revertido.
Cofopri otorgaba títulos de propiedad por motivos políticos, sin considerar no sólo el enorme daño que hacía al orden urbano y a la estabilidad jurídica, sino que con esta conducta terminaban alentado las ocupaciones. Se asentaban y luego venía la negociación.
Las autoridades actualmente hacen cumplir la ley, imponen el orden y aseguran principios básicos del estado de derecho, como es el respeto a la propiedad privada. Sin embargo, esto no es suficiente, porque existe una cultura –y no sólo en materia de invasiones– que sustituye y antepone al ordenamiento jurídico el uso de la fuerza para imponer los intereses personales. Esto es parte de ese “achoramiento” que ha sufrido la sociedad peruana y que sólo un proceso intenso de educación y rescate de valores cívicos puede corregir.

Hugo Garavito Amézaga