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Educación y valores
 La propuesta aprobada en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, en el sentido de que la enseñanza de derechos humanos sea obligatoria en todos los niveles de la educación peruana, constituye un paso importante en el esfuerzo por elevar el grado ético en la formación de las jóvenes generaciones.
Educar no es sólo trasmitir conocimientos útiles que tengan la finalidad práctica de ayudar a los educandos en su futura inserción en el mercado de trabajo. El proceso educativo contribuye también, en forma decisiva, a trasmitir pautas de comportamiento y sistemas valorativos que son fundamentales para la construcción del futuro.
El porvenir se hace basándose en un conjunto de actitudes culturales. Entre éstas, tiene una importancia central el refuerzo de la mentalidad democrática. Si no ocurriera esto, nuestro sistema político seguiría estando en peligro y correríamos el riesgo de que, ante el agravamiento de problemas económicos, políticos o de gobernabilidad, reaparezca un aventurero con un mensaje dictatorial y destruya el estado de derecho.
La democracia fue estrangulada en 1992 con el aplauso de amplios sectores de nuestro pueblo, en gran medida porque en ellos predominaba un conjunto de actitudes autoritarias y se carecía de una sólida conciencia democrática. De allí que el caudillo autoritario de entonces vendiera la idea de que elecciones periódicas eran la esencia del sistema político.
Sabemos que se requiere de mucho más que procesos electorales plurales, que son necesarios la división y el equilibrio de los poderes, así como la plena vigencia de los derechos humanos. Este tema fue mantenido pudorosamente de lado y visto casi como una especie de concesión a los subversivos, no sólo durante la etapa autoritaria, sino también a lo largo del decenio de 1980, cuando numerosos políticos y comunicadores sociales se referían despectivamente a este tema.
Por ello, enseñar derechos humanos implica profundizar en una cuestión fundamental para la futura estabilidad democrática. Los pueblos que tienen sistemas políticos sólidos y estables han logrado un sano equilibrio entre el respeto a la persona humana y el orden público. Esto supone la clara conciencia de que el respeto a los derechos de la persona no implica impunidad ni blandura con el delito.
Para concluir, es necesario comprender que la defensa de los derechos propios es respetar la de los demás, es decir, implica un conjunto de deberes. La formación de las jóvenes generaciones en materia tan importante no sólo debe darse a través de la educación formal, sino también mediante la contribución de los comunicadores sociales.
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