O P I N I O N

jueves, 11 abril 2002 

Cuba y los derechos humanos 
Al Perú le unen viejos lazos con Cuba. Leoncio Prado fue uno de los que combatió por su independencia, como expresión de ese sentido de solidaridad americana con la libertad de la isla.
La mayor de las Antillas fue la última en separarse de España en 1898, después de una guerra cruenta en la cual brilló con luz propia José Martí. Sin embargo, su autonomía se vio restringida por la famosa Enmienda Platt, que le daba derecho a Estados Unidos a intervenir en Cuba.
Tal vez hasta allí se pueden rastrear los desencuentros entre el nacionalismo cubano y el poderoso país del norte, a cuya vera está la isla. Profundizados por la dependencia económica del pasado en una nación prácticamente monoproductora de azúcar. El embargo decretado por Estados Unidos, además de no ser eficaz, no ha contribuido a una distensión que permita la normalización de la vida en la isla. Más aún, permite mantener el argumento de nación sitiada y en pie de guerra contra una amenaza exterior.
La Revolución Cubana entró inevitablemente hace más de 40 años en ruta de colisión con la nación del norte, en plena Guerra Fría, lo que se agudizó al convertirse en la única nación comunista en el hemisferio. De una primera etapa en que América Latina, por el contexto internacional, se sintió amenazada por la isla que aparecía como queriendo exportar su modelo, se pasó a otra de mayor comprensión de la situación cubana e integración con los países del continente.
Pero nada de esto quita que exista un problema de derechos humanos, civiles y políticos en la isla, que en otros campos –especialmente en el de los derechos sociales– ha conseguido importantes avances. Se necesita compatibilizar ambas esferas.
Ése es el sentido de la resolución presentada por el Perú y nueve países en la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Se abandona, como señala Torre Tagle, el tratamiento clásico e ineficiente de condena adoptado en años anteriores; y se apuesta por una fórmula constructiva para promover la democracia y los derechos humanos.
En él se alienta al Gobierno cubano a adherirse al pacto de Derechos Civiles y Políticos y al pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Asimismo, se le solicita a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos que disponga el envío de un representante personal, de modo que su oficina coopere con el Gobierno de Cuba en la aplicación de la resolución.
En ese sentido, es la misma forma como se trabaja con China en esta materia. Es decir, no hay nada especial y mucho menos agresivo contra un país como Cuba, con el cual guardamos muy estrechos lazos.
Ésta ya no es la época de la Cortina de Hierro, de enfrentamientos de superpotencias, en medio de cuya guerra quedó atrapada Cuba. Además, la Unión Soviética desapareció. Es la era de la preocupación por la vigencia de los derechos humanos, civiles y políticos.
La democracia hoy es la norma, no la excepción. No resulta posible volver la vista o abstenerse ante el problema que tiene la isla en este tema. Tampoco sería justo condenar a su Gobierno sin tratar de entender las causas que lo llevaron a donde está. Por eso, el planteamiento suscrito por el Perú es el de un hermano que le tiende la mano para sacarla de su insularidad actual e insertarla plenamente en un mundo que ha hecho de la defensa de los derechos fundamentales de la persona una convicción absoluta.
Pero más aún. Es pensar en el futuro de la isla cuando por ley de vida desaparezca un líder excepcional como es Fidel Castro, piedra angular de su sistema. Ese vacío, de un dirigente con una legitimidad histórica no se puede transferir, nadie podrá llenarlo.
También significa otorgarle a los cubanos la fuerza de América Latina, para equilibrar la presencia de su poderoso vecino y contribuir a mantener el legado de Martí: una Cuba dueña de su propio destino.