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Sector eléctrico: ¿quién fiscaliza a los privatizadores?
 El ministro de Economía y la Copri continuarán –en contra de la opinión de la mayoría de peruanos, la oposición de los movimientos regionales y de especialistas en la materia– en su propósito de privatizar las empresas regionales de electricidad con el fin de financiar el presupuesto público. Ello bajo el argumento de que “sólo las privatizaciones traerán el crecimiento”. Además, califican a quienes se oponen a ello de estar “desinformados”.
El Perú ha vivido ya diez años del proceso privatizador que hoy se pretende continuar, y cuyo modelo económico mermó nuestro patrimonio nacional. Paradigma económico que no cumplió con lo prometido; crecimiento económico sustantivo, generación de empleo, reducción de tarifas y mejoras en los servicios para los usuarios. Por el contrario, los procesos privatizadores, lejos de toda fiscalización, se convirtieron en fuente inagotable de ingresos para la red de corrupción más grande de nuestra historia republicana. Se favoreció a un grupo de operadores privados que obtuvieron suculentas ganancias, exoneraciones y diversas facilidades.
Además, los encargados de llevar a cabo el actual proceso privatizador aún no han informado al país cuáles serían las principales diferencias entre la actual privatización y las anteriores realizadas durante el decenio fujimorista.
Peor aún, los responsables de la conducción de las privatizaciones llevadas a cabo en el decenio anterior, especialmente en el sector eléctrico, son los mismos que hoy pretenden privatizar las empresas regionales. Uno de ellos es el actual director ejecutivo de la Copri, Pedro Sánchez Gamarra, quien entre 1994 y 1997 estuvo en Edelsur, Edelnor, Etevensa, Empresa Eléctrica de Piura, Egenor y Edegel, empresas todas ellas privatizadas. Sánchez Gamarra fue el vendedor predilecto del sector eléctrico en el gobierno de Fujimori, cuando era ministro de Energía y Minas Daniel Hokama. Hoy, el director ejecutivo de la Copri impulsa la privatización, entre otras, de las empresas de distribución eléctrica del Norte.
En diciembre de 1998, Pedro Sánchez Gamarra tuvo una significativa participación en la venta de las cuatro empresas de distribución eléctrica del Norte: Electro Norte S.A., Electro Nor Oeste S.A., Electro Norte Medio S.A. y Electro Centro S.A. a Jorbsa, del grupo Rodríguez Banda. Como director ejecutivo de OIOE, firmó el contrato por el cual se vendió el 30% de las acciones de esas cuatro empresas al precio de US$ 145 millones. Jorbsa pagó el 3% de las acciones. El 27% restante sería pagado en cuotas semestrales en el plazo de 12 años, con 3 años de gracia, en los cuales sólo cancelarían los intereses. Además, ese pago mínimo permitía a los nuevos operadores el control y la administración de las empresas. Ello porque se convino que otro 30% de acciones del Estado que no compraron, pero podían comprar a futuro, votaba con Jorbsa.
Gracias a los contratos firmados por Pedro Sánchez, Jorbsa contrató consigo misma la “asesoría estratégica” de las empresas “compradas”, pagando, entre 1999 y 2001, servicios de gerenciamiento por más de US$ 16 millones. Es decir, los operadores privados recuperaron más de lo invertido inicialmente (US$ 14.5 millones) a costa de las empresas eléctricas (por las que sólo pagaron el 3% de su valor). Ello sumado a las ventajas que obtenía Jorbsa, por obtener el control de las cuatro empresas valorizadas en más US$ 280 millones. Pedro Sánchez Gamarra firmó esos contratos como representante del Estado; y después de un año, su empresa consultora Sociedad Integrada de Consultoría S.A.C. le cobró a Electroperú por emitir informes sobre las propuestas que los operadores privados presentaron para el financiamiento de las empresas.
Los contratos con Jorbsa fueron aprobados por el directorio de la Copri, cuando ahí influía de manera significativa el ministro de Energía y Minas, Daniel Hokama Tokashiki. En el Cepri de empresas regionales de electricidad estaba también Manuel Kiyán, que junto a Sánchez Gamarra asesoraron a Hokama en 1993 para la privatización de Electrolima.
Finalmente, Jorbsa no terminó de pagar lo que adeudaba. En agosto de 2001 devolvió las acciones al Estado después de beneficiarse de ellas. A pesar de no ejercer su opción de compra, no se le impuso penalidad alguna. Así, en este proceso privatizador no se logró inversión alguna significativa en la infraestructura, además de despedirse a aproximadamente 800 trabajadores (45% de la mano de obra). Los responsables de este caso serían de la COPRI y de la OIOE (entre ellos, Pedro Sánchez Gamarra). Ellos debieran responder por estos hechos. Hoy, desde la Copri, el proceso de reprivatización de estas empresas es encabezado nuevamente por Pedro Sánchez sin estar aprobados los estados financieros ni la gestión económica de los años 1999, 2000 y 2001.
Ante estos hechos, el reclamo ciudadano es más que justo. Nadie se opone a promover la inversión privada, pero consideramos que ésta debe realizarse con total transparencia y su fin debe ser el desarrollo equitativo y descentralizado del país. Lo que la ciudadanía y muchos sectores políticos exigimos es la realización de una revisión seria del proceso. Ésta debe llevarse a cabo antes de continuar con las privatizaciones, como pretenderían el MEF y la Copri. Además, es vital que en el actual proceso privatizador se respete la condición de las empresas regionales. Los gobiernos regionales a elegirse en noviembre próximo deben ser los que decidan su destino. No puede pasarse por alto la voluntad de las regiones.
Javier Diez Canseco
Congresista de la República
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