La unicameralidad
JosÈ Cavani / Abogado


El tema de mantener una cámara única en nuestro Parlamento o restablecer dos cámaras: una de diputados y otra de senadores, exige acusadamente una reflexión sobre el objetivo central que persigue la primera forma de organización del Congreso para efectos de que pueda responder a las expectativas políticas de nuestra población y fortalecer su fe en la democracia.
En ese sentido, hay que considerar que el mantenimiento de dos cámaras distintas ha sido una exigencia histórica, como en el caso de Inglaterra, que tiene una Cámara de los Comunes y otra de los Lores; o un producto de la forma de gobierno en federación de algunos países, buen ejemplo de lo cual lo otorga Estados Unidos de América.
Asimismo, el nacimiento del sistema parlamentario bicameral que ahora se discute en nuestra representación legislativa está relacionado con el establecimiento de la monarquía constitucional, donde el monarca se aseguraba un sector de los parlamentarios –la cámara alta– para resguardar sus intereses ante las exigencias de los representantes del pueblo en la cámara baja.
Estas consideraciones empujaron a uno de los más conspicuos pensadores de la Teoría General del Estado, Hans Kelsen, a determinar que en la República democrática “el sistema bicameral anula prácticamente el principio democrático”, el cual exige que el órgano legislativo se componga de una sola cámara, porque responde más íntimamente a la idea de democracia.


En la historia del Perú, la formación del Parlamento respetando la bicameralidad fue sometida a arduos debates desde que el Congreso Constituyente de 1931 considerara la posibilidad de eliminar el Senado. El constitucionalista peruano José Pareja Paz-Soldán nos recuerda los argumentos que desde ese entonces se esgrimen a favor de la unicameralidad de este cuerpo legislativo, muchos de los cuales guardan vigencia aún.
Entre aquellos considerandos se encontraban el hecho de que la bicameralidad responde a una antigua división de la sociedad en castas y clases; obstruye la maquinaria gubernamental y retrasa las decisiones del Parlamento, sobre todo en situaciones urgentes; y ocasiona una poca útil duplicidad de las funciones congresales.
El hecho de que los ciudadanos desconfíen de las instituciones políticas responde más que a una necesidad de cambiar su organización a una desesperanza en el sistema democrático en general. Esto aqueja no sólo a nuestro país, sino a toda América Latina. Una muestra clara es que la Carta que el Perú impulsó para defender los sistemas democráticos de esta región resultó insuficiente en los casos de inestabilidad política vividos en Venezuela, Bolivia y Haití.


Además, es casi seguro que la pobreza que aqueja a los latinoamericanos esté jugando en contra de la democracia, en especial en contra de los instrumentos que se usan para juzgar su funcionamiento: los partidos políticos y el Parlamento. Por ello, las encuestas registran un descenso considerable de respaldo a la democracia en América Latina.


Lo que resulta más preocupante es que sólo un 24% de los latinoamericanos confía en su Parlamento. Y es que la mayoría de congresistas ha dejado de ser lo que el célebre pensador alemán Carl Schmitt dijo en algún momento: “El último guardián de todo derecho.” Bajo estas premisas sería poco saludable el aumentar el número de parlamentarios, ya que nuestra realidad nos exige, más que cantidad, calidad en la democracia representativa.


Discrimino, ¿yo?
Karina PÈrez VelÀsquez / Periodista

¡Para nada!, es la respuesta que solemos dar cuando surge en una conversación familiar o de amigos el tema de la discriminación. Sin embargo, hace falta que en determinado momento de nuestras vidas surja algún percance con alguien “diferente” a uno, para realzar con adjetivos insultantes el color de su piel, su acento al hablar, la discapacidad física o quizá algunos rasgos faciales.


Es un problema del que casi no se habla en voz alta, o si se mencionan estos asuntos se hace a media voz. Sin embargo, se sabe que, al menos en el Perú, negros, cholos y personas con discapacidad tienen mayores dificultades para alcanzar el éxito. Sin contar, claro, que muchas veces nuestro aspecto externo es un factor determinante para conseguir un trabajo digno, ingresar en locales de esparcimiento y hasta en centros educativos.
El vivir en un país multicultural y con una gran mezcla de razas conduce a que existan prejuicios. Normalmente, solemos negar el hecho de ser racistas. Es más, cuando somos testigos de algún tipo de discriminación reaccionamos de tal forma que la calificamos de injusta y hasta nos disgustamos del porqué se cometen actos de discriminación. Pero veamos algunos datos.
Uno de los hechos más sorprendentes del Informe Final de la Comisión de la Verdad es revelar que durante el conflicto armado murieron 40 mil personas más de las que oficialmente se creía. Para el Perú oficial la gran mayoría de fallecidos, campesinos pobres y de habla quechua, jamás existió. No tenía documentos de identidad, propiedades, ni vínculos con sectores urbanos.


Por otro lado, en la Encuesta Nacional sobre Discriminación, realizada de agosto a setiembre del año pasado, ante la pregunta de ¿quiénes considera que logran hacer valer sus derechos siempre o casi siempre?, el 95% de los entrevistados nombró en primer lugar a los ricos, en un segundo lugar a los de raza blanca con un 79% y con un 76.2% en tercer lugar a los hombres. Las mujeres ocupan un 52.5%, los de raza mestiza el 46.6%, los de raza negra un 27.5%. Aquellos con discapacidad física obtienen un 17.9%. Asimismo, los homosexuales o lesbianas obtienen un 15.6%. Para finalizar, los pobres un 15.4% y los indígenas peruanos un 12.5%.
Tomemos conciencia de que vivimos en una sociedad donde la exclusión y la discriminación sí existen. En países como el Perú el racismo es una enfermedad que daña la autoestima, afectando a la vez el ejercicio de muchos otros derechos. Atenta contra nuestra viabilidad como país, nuestro desarrollo y nuestra integración.