AFIRMA PRESIDENTE DE LA CORTE DE SAN JOSÉ, SERGIO GARCÍA RAMÍREZ
“Perú tiene gran voluntad jurídica y política por defensa de DD HH”
Respalda lucha internacional liderada por nuestro país contra la impunidad.


El Estado peruano tiene una gran voluntad jurídica y política por garantizar la defensa de los derechos humanos de sus ciudadanos, a través de la implementación de las recomendaciones de la Corte Interamericana, afirmó el presidente de este tribunal supranacional, Sergio García Ramírez.
Sostuvo que esta situación debe ser reconocida en el ámbito local como internacional, porque el Perú ha hecho un enorme esfuerzo por acercarse a los estándares internacionales del respeto a los derechos humanos, contenidos en la Convención Americana.
“El Estado peruano evidentemente tiene esa gran voluntad jurídica y política y lo está haciendo. Eso no puede perderse de vista ni dejar de ser reconocido, porque es un esfuerzo enorme”, apuntó.


El magistrado mexicano participó recientemente en Lima del seminario internacional Hacia una estrategia global contra la impunidad: los desafíos de la comunidad internacional, organizado por el Ministerio Público.
Al recordar la decisión del prófugo ex presidente Alberto Fujimori de retirar al Perú de la competencia contenciosa de la Corte, ¿de qué manera evalúa los esfuerzos actuales del Estado peruano por encauzar al país dentro de la comunidad jurídica internacional?
–En verdad hubo una situación particularmente complicada cuando el Gobierno peruano resolvió retirarse de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. En ese momento, el Tribunal analizó el caso y estimó que no tenía sustento esa determinación.


Posteriormente, el nuevo gobierno del Perú expresó un punto de vista distinto y manifestó que seguía sujeto por su voluntad soberana a la jurisdicción y competencia de nuestra Corte, y que daría puntual cumplimiento a sus resoluciones.
Es decir, la actitud que asumió el Gobierno del Perú en esta nueva etapa fue de mucha cercanía con la Convención Americana y con los pronunciamientos de la Corte Interamericana de San José.
En ese sentido, el Estado peruano ha hecho un esfuerzo muy apreciable y grande por acercarse a los estándares de la Convención Americana, así como comparecer y atender las resoluciones de la Corte. Me atrevo a ponderar este hecho como una situación muy constructiva y pertinente.
En ese contexto, ¿cuán fácil o dificultosa es la implementación de las recomendaciones de la Corte?
–Cuando dicto una conferencia a un público académico, por ejemplo, sobre el grado de cumplimiento que tienen las resoluciones de la Corte tiendo a referirme a algunos países que han hecho esfuerzos muy grandes; no son muchos, pero existen algunos ejemplos por citar.
Cito a Chile en relación con una reforma constitucional sobre la libertad de expresión. La reforma de una Constitución es algo compleja, nada fácil, pero cuando un Estado lo hace, revela una gran voluntad de respeto a los derechos humanos.


¿Y el Perú?
–También menciono al Estado peruano, que a través de pronunciamientos judiciales y sentencias –por ejemplo del Tribunal Constitucional– ha modificado el rumbo de la jurisprudencia y ha adoptado decisiones muy importantes.
No quiero convertirme en el juez del Perú, pero como ciudadano americano, me doy cuenta de que esto no es fácil y que se requiere de una gran voluntad política y una gran voluntad jurídica para hacerlo.
El Perú evidentemente tiene esa gran voluntad jurídica y política y lo está haciendo. Eso no puede perderse de vista ni dejar de ser reconocido, porque es un esfuerzo enorme; es un gran giro y creo que debe ser conocido y respetado.


¿Cómo percibe el esfuerzo del Perú por impulsar una campaña internacional para erradicar la impunidad y lograr la extradición del ex presidente Fujimori?
–Como integrante de la comunidad judicial de derechos humanos veo con aprecio todos los esfuerzos que se realicen para eliminar la impunidad.
Sin embargo, ¿cuáles deben ser estos esfuerzos en casos concretos?, la respuesta le corresponde al Estado peruano.
Pero es necesario que las naciones unan y respondan a los esfuerzos de lucha contra la impunidad.
–Es absolutamente necesario que los países se unan en una lucha a favor de los derechos humanos. Ciertamente, uno de los aspectos importantes, pero no el único, es suprimir la impunidad y luchar porque se sancione a quienes incurrieron en hechos contra los derechos humanos.
Es paradójico que muchas personas vinculadas al régimen fujimorista, que antes defendieron que el Perú se aparte de la competencia contenciosa de la Corte, hoy recurran a este tribunal.


¿Cuál es su opinión?
–Quiero decirle que la Corte Interamericana es un tribunal protector de los derechos humanos, independiente de quién sea la víctima. La Corte no juzga en función de las características de las personas, pues todos los seres humanos tenemos derechos fundamentales.
Estos derechos son y deben ser tutelados por la Convención Americana y por los órganos del sistema interamericano que son la Comisión y la Corte. Debo dejar en claro que la Corte de San José no pregunta de dónde viene usted, a quién sirvió, de quién fue funcionario, esto sería muy grave.


El Tribunal resuelve los casos sobre derechos humanos independientemente de los antecedentes de las personas; precisando que lo relacionado con asuntos penales queda sujeto a la justicia penal nacional.
Actualmente, son menos los países que se adhieren con reservas a la Convención Americana, en el caso del Perú es aún un tema debatible.
–Las reservas se pueden establecer cuando un país suscribe y ratifica una Convención, pero no uno o diez años después. La reserva debe establecerse en el momento en que el país firma la Convención y la ratifica. Pero, si la Convención entra en vigencia, el país ya no puede formular sus reservas.

MarÌa Ávalos Cisneros