TIPO DE CAMBIO AL 20/5/2005 COMPRA: S/. 3.254 VENTA: S/. 3.255
Domingo, 22/5/05
DIARIO OFICIAL
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Gerardo Barraza Soto
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editorial
De acuerdo con el derecho
La decisión del Congreso de la República en relación con la investigación acerca de una supuesta falsificación de firmas efectuada durante la década pasada se ha centrado en lo que es, desde nuestra perspectiva, lo correcto si apreciamos los hechos de acuerdo con la lógica del derecho constitucional. En efecto, al Congreso no le compete procesar ni encausar, menos aun sentenciar; la labor parlamentaria, por excelencia, es elaborar y aprobar leyes. Aparte de esto, los legisladores pueden establecer comisiones investigadoras, pero la tarea de éstas debe servir de base y cimiento al Ministerio Público para que proceda a realizar las denuncias y acusaciones que correspondan.
De manera, pues, que el Poder Legislativo no aprobó ningún tipo de impunidad, simplemente derivó lo investigado al ente al que corresponde acusar a los presuntos responsables del delito de falsificar firmas, y será el Ministerio Público el encargado de proceder de acuerdo con la ley. En nuestro país, estos procedimientos no tienen la celeridad debida; por esta razón, lo más probable es que en los tramos finales del presente Gobierno se señale a los presuntos responsables, que serán acusados y procesados por ese delito.
Lo lamentable es que durante el proceso de investigación hubo exceso de exposición ante los medios de comunicación por parte de unos congresistas que parecían empeñados en adelantar opinión para generar una presión mediática y una imagen de culpabilidad del Jefe del Estado antes de que concluyeran las investigaciones. Por otro lado, prestigiosos y destacados constitucionalistas consultados por la Presidencia del Consejo de Ministros señalaron las claras falencias jurídicas del intento de generar una vacancia presidencial a partir de este asunto.
Esto es tan evidente que aquellos sectores, políticos y mediáticos, empeñados en sabotear la democracia no han dicho una palabra para tratar de refutar los argumentos jurídicos esgrimidos por los abogados consultados, sino que se dedicaron, tomando el rábano por las hojas, a cuestionar la potestad del Poder Ejecutivo para consultar abogados y hacer públicas esas opiniones.
No sólo se actuó de acuerdo con el derecho, también se impidió perjudicar gravemente al país desde el punto de vista económico. En efecto, es fácil imaginar que el riesgo país, en caso se impusieran las ideas de quienes buscaban la vacancia presidencial, se habría elevado de modo exponencial, el turismo hubiese declinado, las inversiones disminuido, los acuerdos comerciales y de integración que negociamos se retrasarían y, en suma, el Perú sería visto como una republiqueta carente de seriedad; en suma, un país en el que no se puede confiar. Por todo ello, creemos justo afirmar que triunfó la sensatez.
