MILES DE VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA ESPERAN VER LA MEJOR CARA DE LA JUSTICIA
Reparaciones Un camino ineludible
Cien millones de nuevos soles serán presupuestados para 2006 con ese propósito

Fidel Gutiérrez Mendoza

Con los ojos colmados de lágrimas, Bertha Rojas, la viuda de un hombre desaparecido durante la guerra interna, recibió el 20 de julio la aprobación en el Congreso de la ley que crea el Plan Integral de Reparaciones (PIR) que la favorecerá a ella y a otras miles de personas afectadas por la violencia política.
Su esposo, Raúl Rojas, era un chofer que un día salió a trabajar y nunca más regresó al hogar, tras haber sido detenido en Pasco.
“Ojalá que a partir de ahora se nos reconozca nuestros derechos y dignidad, para que podamos desarrollarnos”, refiere, esperanzada en los alcances de una norma emitida a la luz del trabajo efectuado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), promulgada por el presidente Alejandro Toledo el 28 de julio.
Durante su discurso por Fiestas Patrias, el Mandatario comprometió al Gobierno a evaluar qué mecanismos podrían darse para efectuar posteriormente pagos a las víctimas o a sus deudos a manera de reparaciones económicas.
Pero antes de llegar a ese punto, se refirió a la necesidad de completarse el Registro Único de Víctimas, cuya mecánica de elaboración deberá ser definida en los próximos días por la Comisión Multisectorial de Seguimiento de las Recomendaciones de la CVR.
 
Camino largo
El lunes 8 empezaron las audiencias para recoger las opiniones y sugerencias para la elaboración de este registro, y para la conformación del Consejo de Reparaciones, que será la dependencia que lo administrará.
Para eso fueron convocadas más de 30 organizaciones.
Esta labor deberá terminar antes del 28 de octubre, al concluir el plazo de 90 días establecido para la dación del reglamento de la ley.
Sobre la base de ella empezará a elaborarse el Registro Único de Víctimas, que a juicio de Jaime Urrutia, secretario general de la Comisión de Seguimiento a las Recomendaciones de la CVR, será un trabajo muy difícil.
“Se tiene que incluir a todas las víctimas. No sólo a muertos y desaparecidos, sino también a torturados, desplazados, discapacitados, secuestrados y violados.”
Hasta el momento sólo se cuenta con un registro de personas desaparecidas durante el período de violencia política, elaborado por la Defensoría del Pueblo. Éste comprende a aproximadamente nueve mil personas, entre militares, policías y funcionarios.
Se podrá recurrir también a los resultados del Censo por la Paz efectuado por el Mimdes en dos mil comunidades afectadas, sector que prepara también un Registro Nacional de Desplazados por el Conflicto Interno, y a la lista de la CVR, compuesta por 18 mil 500 nombres de fallecidos y desaparecidos.
“Pero la misma CVR estableció que hubo 70 mil víctimas. Entonces faltarían más de 40 mil nombres”, advierte Urrutia.
Ante esto, la sociedad civil ha empezado a movilizarse. En sus respectivos planes de reparaciones integrales los gobiernos regionales de Huancavelica, Ayacucho y Pasco prevén elaborar también sus propios padrones. (Ver recuadro.)
Existe, pues, predisposición positiva en varios sectores de la población. Pero también hay quienes no muestran similar entusiasmo. Eso afectaría un proceso que es, sin duda, de largo aliento.
“La voluntad que haya para avanzar en este terreno dependerá del contexto, del juego político y de las presiones ciudadanas”, reconoce Urrutia, quien percibe que los partidos políticos no están actualmente muy interesados en el tema.

Cuestión de fondos
En su discurso del 28 de julio, el presidente Toledo afirmó que el PIR cuenta con un financiamiento de 10 millones de nuevos soles para este año, provenientes de un crédito presupuestal suplementario.
De dicha cantidad, ocho millones de nuevos soles se destinarán a promover y mejorar la infraestructura de servicios educativos y de salud en Ayacucho, Apurímac, Huancavelica y Junín.
Los otros dos millones se destinarán a la realización de campañas de identificación (junto con el Reniec) y a completar el Censo por la Paz del Mimdes en Satipo. Dicho monto será invertido también en edificaciones simbólicas, como la del denominado Quipu de la Memoria, en Lima, y una plaza conmemorativa, en Accomarca.
Para 2006, Toledo anunció que el Estado financiará la ejecución del PIR con no menos de 100 millones de nuevos soles. “En este momento, cada ministerio tiene prácticamente listo el borrador de sus presupuestos para el próximo año. Lo que queremos es que en éstos aparezcan, en cada sector y con mayor claridad, acciones específicas de reparación y no que éstas se encuentren incluidas en algún otro rubro.”
Los gobiernos regionales y también los municipios provinciales y de distritos afectados por la violencia deberán hacer lo propio. Este año sólo lo hizo el de Huancavelica, pero, dada la promulgación del marco legal correspondiente y la importancia del tema, se espera que en 2006 otras jurisdicciones lo hagan también.
Lo contrario sería traicionar la esperanza de miles de personas que confían en que por fin tendrán justicia, después de esperar tanto.

Sentido de justicia
o En Huancavelica, el gobierno regional, encabezado por Salvador Espinoza, puso en marcha un plan que comprende, entre otras acciones, facilitar el acceso de las víctimas o de sus deudos a servicios de educación, vivienda, salud y trabajo, y dispuso la preparación de un registro para empadronarlas. Para eso cuenta con un presupuesto de un millón 61 mil 354 nuevos soles.
El gobierno regional de Pasco, encabezado por Víctor Espinoza, enfocó el trabajo hacia la educación y la salud, con una inversión de un millón de nuevos soles. Así, los familiares de las víctimas (se calcula tres mil 600 personas) tendrán acceso gratuito a la instrucción primaria, secundaria y superior, y podrán gozar del Seguro Integral de Salud.
Asimismo, el gobierno regional de Ayacucho, que preside Omar Quesada, creó mediante una ordenanza un consejo regional de reparaciones.

Reparar e indemnizar
o Jaime Urrutia recuerda que no existen actualmente reparaciones económicas individuales más que para los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, y para los funcionarios estatales que fallecieron a causa del accionar terrorista.
“La posibilidad de destinar dinero para eso será materia de análisis del Gobierno”, manifestó el presidente Alejandro Toledo.
Las que existen actualmente son reparaciones de carácter colectivo. Éstas se concretan atendiendo a las comunidades afectadas, restituyéndoles la infraestructura que hayan podido perder o capacitando a éstas para recuperar su nivel de productividad.

Antecedentes
o No debe creerse que recién con la dación de la ley de creación del PIR se pensó en las reparaciones a las víctimas de la violencia. Éstas han venido ejecutándose hace un tiempo, aunque no con esa denominación.
El Mimdes efectuó diversas acciones en ocho departamentos, con una inversión de casi 40 millones de nuevos soles, que incluyen el otorgamiento de becas y bolsas escolares, mejoramiento de infraestructura, y apoyo alimenticio.
El Ministerio de Salud, por su parte, envía brigadas médicas especializadas en salud mental a las zonas afectadas, a fin de tratar a personas que puedan padecer secuelas psicológicas, debido a los actos de violencia en los que se vieron inmersos.
En conjunto, la inversión asciende, hasta el momento, a cerca de 100 millones de nuevos soles.
Por otro lado, en razón de sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado abonó cerca de cuatro millones de dólares por estos conceptos.