Apoyo integral a los desplazados
Carlos Alberto Rosales Purizaca / Educador

La situación de los desplazados en nuestro país es producto de una fractura social que se originó por causa del terrorismo y la violencia generalizada. Si bien es cierto que la CVR denunció en su Informe Final estas prácticas, se perdió una oportunidad trascendental de profundizar en un debate maduro sobre el tema. Sin embargo, no es tarde para repensar nuevas formas de resarcir los daños hechos a miles de personas. Los desplazados reflejan sólo la punta de un iceberg social que se derrite cada vez más ante nuestra atónita mirada. Mas, el ser espectadores de una realidad tan cruda como la que tuvieron que padecer las víctimas de los conflictos armados y las nefastas muestras de violaciones de derechos humanos nos debe hacer reflexionar sobre cómo hacer para devolverles la esperanza de reconstruir sus vidas. La Red Nacional para la Protección de los Migrantes (Renam) convocó recientemente a un debate con la finalidad de analizar los retos y las perspectivas de los desplazados en el Perú. En dicha ocasión se demandó estrechar los lazos de comunicación con la población, brindar mayores facilidades para el acceso a una educación, salud y empleo de calidad. Frente a ello, un mecanismo innovador que cobra sentido es aquel que pretende canjear la deuda externa por obras de desarrollo social y de esa forma reducir las altas tasas de pobreza existentes.


Sentirse obligado a renunciar a una forma de vida, a unas legítimas raíces históricas y culturales, genera en el desplazado una indignación comprensible. De ahí que la actuación estatal en ese sentido debe ser integral, a efectos de atenuar los sentimientos de rencor y odio que lleva esta gente, y la única forma de cambiarles el rostro es con demostraciones de amor, atención y comprensión, así como con el apoyo económico, educativo y moral, que siempre necesitarán.
Una lógica consecuencia del informe de la CVR es, precisamente, poner los medios sociales, políticos, económicos y culturales para que como sociedad no volvamos a cometer los mismos errores. Razón por la cual estamos llamados no sólo a conocer mejor la historia, sino a plantearnos metas que nos lleven a formular nuestro propio destino como Nación.


El año pasado, la Coordinadora Nacional de Desplazados y Comunidades Indígenas en Reconstrucción del Perú (Condecorep) presentó "Espejo de la Verdad", en que planteó incorporar el problema de los desplazados a la agenda nacional. La única forma de recomponer el espejo resquebrajado de nuestra historia es reconociendo con humildad los errores, reflexionar sobre ello y empezar de nuevo a variar el rumbo, la visión y nuestro proyecto como país. Paliar los daños que injusta e inhumanamente se cometieron conlleva a reconciliarnos con nuestros hermanos afectados, tomarnos de las manos y recorrer juntos el camino inigualable de la paz, la verdad, la democracia y el respeto de la dignidad humana.


Eficaz protección de testigos
Ronald Gamarra / Abogado. Consorcio Justicia Viva

A fines de julio, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley acerca del "Proceso de beneficios por colaboración eficaz y sobre el sistema de protección de colaboradores, agraviados, testigos y peritos", que, conforme al artículo 105 de la Constitución Nacional, debe ser debatido en el Congreso con el carácter de urgente. El proyecto de ley 13398/2004-PE apunta a modificar el ahora disperso tratamiento legal de los beneficios premiales en materia de colaboración eficaz (Ley Nº 27378 para los casos de corrupción y violaciones de los derechos humanos; Decreto Legislativo Nº 925 tratándose del delito de terrorismo; y Ley Nº 28008 para el tema de los ilícitos aduaneros), intentando llenar los vacíos existentes en la legislación actual (ausencia de plazos para actuaciones del Ministerio Público y el Poder Judicial) y pretendiendo superar las deficiencias en la aplicación del sistema (incumplimiento en el otorgamiento de los beneficios, falta de garantías para los protegidos, filtración de información, dispersión de las entidades policiales a cargo de la investigación, comprobación y protección), orientándola a resolver el problema de los recursos necesarios para el funcionamiento del sistema de colaboración.


El proyecto de ley plantea, de forma correcta, la integración en un solo cuerpo normativo de los beneficios premiales y, en consecuencia, un único tratamiento legal y un único procedimiento para la colaboración eficaz. Para ello, dispone la entrada en vigencia de determinados artículos del Código Procesal Penal, promulgado mediante el Decreto Legislativo Nº 957.
El proyecto plantea también la ampliación de los beneficios a los condenados, básicamente a través de la disminución de la pena. En forma razonable, mantiene las prohibiciones de acogimiento respecto a los dirigentes principales de las organizaciones delictivas y las limitaciones existentes sobre beneficios a los autores de violaciones de los derechos humanos. Asimismo, precisa a las personas objeto de las medidas de protección (incluyendo, por cierto, a testigos y peritos) e introduce mejoras en el ámbito de su protección, perfeccionando el procedimiento de revocación de los beneficios.


Sería interesante que en el debate parlamentario se recogieran algunas de las propuestas de la sociedad civil (como la de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo) y que los fondos del Fedadoi se destinasen única y exclusivamente a los casos de colaboración en temas de lucha contra la corrupción.

Legado de la Declaración de Santiago
Miguel A. Rodríguez Mackay / Abogado. Coordinador general de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional

Hace ya 53 años, el 18 de agosto de 1952, los representantes plenipotenciarios de Chile, el Perú y Ecuador, Julio Ruiz Bourgeois, Alberto Ulloa Sotomayor y Jorge Fernández Salazar, respectivamente, suscribieron en la capital chilena la Declaración sobre Zona Marítima o Declaración de Santiago. El propósito de este tratado es que los países del Pacífico Sur tengan un área marítima no menor de 200 millas de anchura a partir de todo lo largo de sus costas, con el objeto de que sus pueblos utilicen los recursos vivos y no vivos que se encuentren dentro de esa distancia en los mares, para lograr su desarrollo.
Ese título jurídico, del que está revestida la célebre Declaración de Santiago sobre las 200 millas, fortaleció, qué duda cabe, las posiciones unilaterales –en el caso del Perú fue el histórico Decreto Supremo N° 781 de 1947– que sostenían los Estados miembros de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) –creada en la misma fecha, precisamente, para coordinar las políticas marítimas de los referidos países firmantes, a los cuales se sumaría Colombia años después–. De allí que dicha política de soberanía y jurisdicción sobre las 200 millas, que se hizo andar por el impulso de la CPPS, es el mejor ejemplo de acción concertada por naciones de la región respecto a temas fundamentales de política exterior en función de intereses comunes y compartidos.


La Declaración de Santiago estableció una nueva dimensión en la política del reconocimiento internacional del concepto de zona económica, hasta ese momento ajeno al agonizante antiguo derecho del mar, y se transformó progresivamente en el instrumento regional que ejercería, por la acción persistente e innovadora de Chile, el Perú y Ecuador, la mayor influencia en los siguientes treinta años, logrando concretar en 1982 una de las contribuciones más importantes a la formación y consolidación del derecho internacional y del nuevo Derecho del Mar, al consagrar la tesis de soberanía y jurisdicción hasta las 200 millas en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, aprobada en diciembre de ese mismo año. Es así que tal tesis se consolida como el principio jurídico internacional del mar más trascendente que haya sido recogido en la denominada "Constitución de los Océanos".
De hecho, ninguna de las formulaciones latinoamericanas posteriores a la Declaración de Santiago llegó a superar el profundo sentido socioeconómico de este tratado, tampoco su mensaje político ni su revolucionario carácter jurídico y su enorme vocación por el ecumenismo de una percepción solidaria y justa del mar, en que las bondades naturales allí contenidas sirvan a la causa de las poblaciones de los Estados ribereños y por extensión a la comunidad internacional misma. Por eso, con este instrumento jurídico regional de doctrina novedosa y humanista cambia la concepción del mar y, por tanto, también la visión que los países tienen respecto al uso de los mares. Se habían trastrocado los cimientos pétreos del derecho internacional marítimo para dar paso a una etapa innovadora en el Derecho del Mar hasta llegar a convertirse en regla universal de los océanos en la Convemar en 1982.


Para el Perú, en consecuencia, la Declaración de Santiago es un tratado vigente y válido que fija la extensión del mar adyacente a sus costas hasta una distancia de 200 millas, y en ese contexto el mejor homenaje que se le puede hacer en esta efeméride, tal como ya lo ha adelantado el flamante canciller Maúrtua al referirse a los lineamientos de la política exterior que ejecutará Torre Tagle en los próximos meses, es que nuestro país establezca finalmente su relación vinculante con la Convención del Mar, toda vez que en este instrumento internacional que regula el inmenso espacio oceánico ha sido recogida la tesis por la cual ilustres patriotas, entre juristas, académicos, diplomáticos y militares, amparados en nuestra calidad de país pionero en la construcción del nuevo régimen del mar, bregaron día a día para hacer realidad nuestra incorporación en el actual ordenamiento internacional del mar.

La valla electoral
César Reyes Villanueva / Periodista

Aplazada la fecha de inscripción de organizaciones políticas ante el Jurado Nacional de Elecciones hasta fin de año, sin duda es más que probable que de 28 inscritos pasen a bordear 40 o más los partidos que competirán en las justas electorales de 2006; para el caso de los aspirantes a integrar el Poder Legislativo, el número de candidatos al Parlamento crecerá en alrededor de cinco mil. Basta esta elemental apreciación para darnos cuenta de que es una exageración que puede conducir a la degeneración de nuestra tantas veces débil y maltrecha democracia. Pues, si es verdad que el sistema democrático se sustenta en la pluralidad, la excesiva dispersión constituye una amenaza flagrante contra todo lo que debe de ser un sistema de convivencia civilizada.


En ese sentido, teniendo en consideración que el actual caudal electoral para 2006 se calcula en 15 millones de ciudadanos, se ha puesto a debate en el Parlamento el planteamiento de un mínimo del 5 por ciento para cada organización política como condición básica a fin de asegurar contar con representación parlamentaria y reconocimiento legal. En cifras, esa legitimidad aritmética significa que cada una de las 28 organizaciones políticas (pues, resulta excesivo llamarlos partidos a todos) ha de exhibir un caudal no menor a los 750 mil votos a escala nacional para tener presencia en el Congreso y, además, para seguir existiendo políticamente.


Es evidente, en consecuencia, que van a faltar electores o bien sobrarán opciones. Por tanto, esta es una situación que debe ser corregida antes de que se convierta en un pandemónium de lamentables derivaciones. (Una de las cuales sería que, al igual que en el caso de Ecuador, existan en el Parlamento 10 representantes que personifiquen a 10 organizaciones políticas uno para cada una de un total de 29).
Es paradójico que por motivos diametralmente opuestos a la razón de su disgusto su rechazo al triunfo del dictador argentino Perón–, la democracia sin reglas que la contengan y la amolden corra el riesgo de convertirse, como dijera Jorge Luis Borges, en un simple y grosero "abuso de la estadística". Pues, para ser más no se necesita ser un montón.