Competencia y sistema privado
Rafael Aita Campodónico Congresista de la República (UN)

Para nadie puede resultar extraño afirmar que el Sistema Privado de Administración de Fondo de Pensiones se encuentra inmerso en toda una vorágine desde su creación en 1992, mediante DL Nº 25897, norma cuyo objetivo era contribuir al desarrollo y fortalecimiento del sistema de previsión social, en el área de pensiones en el sector privado.
Mucha agua ha corrido desde entonces y el mercado previsional ha visto pasar dentro de este remolino impetuoso desde nuevas normas en el sistema hasta la reciente guerra de precios desatada con la reducción de las comisiones que cobran las administradoras a sus afiliados y que ha despertado el interés de la opinión pública. Con justificada sorpresa, algunos se preguntarán cuál fue el detonante para que las administradoras privadas de pensiones, después de más de una década de funcionamiento del sistema, ofrezcan hoy a sus afiliados mejores condiciones y una mayor rentabilidad de sus fondos. Las variables pueden ser muchas y quizás, como señala el titular de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), Juan José Marthans: “Los errores que presentó el sistema en sus inicios no deben reiterarse en el futuro.”


Por ello, la contienda para lograr normas que permitan un libre ejercicio de la voluntad del afiliado dentro del Sistema Privado de Pensiones –el espíritu inicial de la norma al momento de su creación– siempre fue una constante del legislador, la búsqueda por lograr que los operadores del mercado brinden mayores elementos de competencia, a base de un mejor servicio, que repercuta, definitivamente, en beneficio del afiliado.


Y fue con ese criterio que el Congreso de la República aprobó en diciembre de 2004 la Ley N° 28444, que agiliza el proceso de traspasos de afiliados de las AFP y beneficia directamente al universo de afiliados (de acuerdo con cifras de la SBS, bordean los tres millones de personas). Con esta norma puede decirse que se marcó el inicio de todo un cambio en el Sistema Privado de Pensiones. Dicha ley, cuyo origen parte del Proyecto N° 11635, de mi autoría, y otras dos iniciativas, entre ellas una del Poder Ejecutivo, precisa que cada AFP podrá ofrecer planes de descuento en las retribuciones de los afiliados. Con esa norma, el asegurado puede ejercer, además de su libre elección de afiliarse a cualquier AFP, el derecho de cambiar de aseguradora sin otro requisito que su libre decisión y sin esperar las seis o más cotizaciones para proceder al traspaso.


Ahora, el reto lo asumen las propias aseguradoras que operan en nuestro mercado previsional, para ofrecer mejores productos y tratar, por un lado, que no se vayan sus afiliados y, por el otro, disputarse los clientes. Aquí se produce la libre competencia, que favorece a los consumidores, en este caso los afiliados.

Israel: éxodo 2005
Arnaldo Guadalupe / Periodista

Los judíos, a lo largo de su rica y sufrida historia, han pasado por la esclavitud y la deportación a que los sometieron las poderosas culturas de la antigüedad: egipcios, babilonios, asirios, griegos y romanos. Esto hizo que a través del tiempo quedaran regados por distintos países de Europa, y su lugar de origen, Palestina, pasara a ser administrado principalmente por musulmanes e ingleses hasta finales de la Segunda Guerra Mundial. Esta vez es su propio Gobierno el que los expulsa de territorios que creyeron parte de su patria; regiones que nunca les correspondieron y que por cuestiones de seguridad, y estrategia comercial y defensiva invadieron alguna vez.


Un momento importante en esta dura historia es la fundación del llamado sionismo en 1878, un movimiento que proclama la vuelta de los judíos a la tierra prometida, el único sitio donde quizá el mundo dejará de hostigarlos, pues al menos en Europa Oriental nadie toleraba su inclusión social. En estas circunstancias se produjo la inmigración ilegal a tierras donde alrededor del 90 por ciento de la población era musulmana y poseía más del 99 por ciento de la tierra. Los nuevos e inesperados vecinos compraron mucha tierra, la volvieron productiva, levantaron industrias, hicieron negocios y fundaron ciudades.


Israel es el resultado de tratativas que vienen desde la Primera Guerra Mundial. Inglaterra, en su afán de ganar aliados contra los turcos en Medio Oriente, prometió la independencia a los palestinos, pero también les prometió a los judíos un lugar dentro de la misma Palestina. Así, los ingleses no supieron responderles a ambos bandos y sus respectivas protestas. Tanto Inglaterra como la Liga de Naciones (anterior ONU) no pudieron frenar las oleadas sucesivas de los hijos de Abraham hacia Medio Oriente, tampoco contener la ira de los hijos de Mahoma desplazados, aniquilados y sin ser reconocidos como nación independiente por la comunidad mundial.


Tras los horrores en Auschwitz y Treblinka, donde la mayoría de judíos pereció asesinada por el régimen nazi, la ONU de 1947 permitió fundar el Estado israelí al oeste del río Jordán. La comunidad de naciones árabes inició guerras y boicots que Israel superó anexionando más territorios de los imaginados, entre ellos Gaza y Cisjordania, en los que estableció pequeñas colonias.
Con un saldo de tres palestinos muertos y una mujer israelí que se prendió fuego y murió, el éxodo es protagonista una vez más de la vida de los judíos, aunque en esta ocasión no son esclavos de nadie.

La silenciosa guerra por el agua
Marcel Claude / Director ejecutivo - Oceana para América
del Sur y Antártica

Aunque ninguna de las justificadas y urgentes demandas sociales que se le hacen al modelo neoliberal, impuesto en América Latina y gran parte del mundo, lograra hacer un cambio estructural al modelo de acumulación que conlleva el neoliberalismo y la globalización galopante que todos sufrimos, el orden neoliberal creado tendría que enfrentarse a una transformación profunda, ya no urgido por los movimientos sociales, sino por una realidad mucho menos negociable y pasible de represión político-militar: la escasez de recursos naturales, especialmente del agua.
Esa realidad está a la vuelta de la esquina. Únicamente el 2.5 por ciento del agua del planeta es dulce y menos de la mitad está disponible para ser usada. Actualmente, más de mil 200 millones de personas, sobre todo en América Latina, África y Asia, sufren la escasez del vital elemento en algún grado. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, en 25 años una de cada tres personas en la Tierra tendrá poca agua o nada.


Las obvias consecuencias de esta escasez (desertificación, menos producción de alimentos, aumento de enfermedades infecciosas y destrucción de ecosistemas) ya son motivo de tensiones políticas y sociales internas en América Latina, tal como ocurrió hace pocos años en Bolivia, donde la privatización del agua potable de Cochabamba alzó a su gente en una revuelta que acabó con varios muertos y la ciudad en estado de sitio.
Estos mismos problemas internos se transformarán pronto en conflictos internacionales cuando se acentúe aún más la diferencia entre países ricos en agua y los que no cuentan con grandes reservas; todo esto enmarcado en un sistema económico que ha sido incapaz de asignar eficientemente este recurso.  

       
Lo anterior es un reflejo de dos fenómenos crecientes en el planeta: la privatización del agua, donde las grandes transnacionales están haciendo sentir su poder económico en muchos pueblos del Tercer Mundo, en un negocio que se sabe es altamente lucrativo. Coca-Cola predice que, en muy pocos años, su agua –en algunas naciones más cara que la gasolina– terminará dando mayores beneficios que sus bebidas gaseosas. Para esto basta recordar la polémica suscitada en el Reino Unido hace exactamente un año, cuando esta transnacional reconoció estar envasando agua potable de Londres para venderla como agua mineral, a tres euros el litro.
El segundo fenómeno es la cada vez más acelerada militarización de las grandes fuentes de agua o, como se presenta eufemísticamente, bajo la "protección" de potencias extranjeras. Por ejemplo, diversos analistas concuerdan que uno de los objetivos estratégicos de la invasión a Irak fue el control de los dos ríos más importantes del Medio Oriente, territorio donde el agua es tan preciada como el petróleo.


Y existen ejemplos mucho más cercanos: en Argentina, una investigación del Centro de Militares para la Democracia llegó a una preocupante conclusión: "La cíclica presencia del comandante del Ejército Sur de Estados Unidos en la triple frontera, las declaraciones del Departamento de Estado y los rumores de que allí habría terroristas tienen un objetivo: el control del Sistema Acuífero Guaraní (SAG), un verdadero océano de agua potable subterráneo que tiene allí su principal punto de recarga."
Demostrada ampliamente la inoperancia del mercado para administrar este recurso, sólo queda una cosa por hacer: convencer a los pueblos del mundo de que el agua es, más que un bien negociable, un derecho básico, y que como tal requiere de la protección estatal para ser garantizada a la ciudadanía. Si cada Estado es incapaz de asegurar este derecho, tendremos entonces que seguir el valiente ejemplo cochabambino, que logró, a fuerza de desobediencia civil, recuperar su derecho fundamental de contar con agua para seguir viviendo.

Seguridad y rehabilitación social
Pilar Marín Bravo / Periodista

Incrementar las penas de cárcel para los delitos menores que se producen en el país puede ser una buena estrategia en el combate a la delincuencia, pero no será efectiva si no va acompañada por políticas integrales que consideren el otro lado de esta batalla: la rehabilitación social del delincuente.
En un país donde el hacinamiento es una de las principales causas del problema penitenciario, cualquier modificación penal que suponga llevar a la cárcel a reincidentes o culpables de delitos menores tiene que considerar alternativas que vayan más allá de saturar los penales del país.


Más aún si consideramos que el problema de la delincuencia no se puede resolver sólo encarcelando a mayor cantidad de delincuentes, sino que entran a tallar otros factores como el deficiente sistema legal procesal que impide la celeridad de la carga judicial. Países como Chile han aplicado con éxito políticas que sancionan de manera drástica los delitos menores, pero lo han hecho en el contexto de estrategias integrales de seguridad, en que se encuentran comprometidas diversas instituciones que tienen que ver con la delincuencia como problema social.
La rehabilitación social del individuo que delinque, más aún en el caso de los considerados delitos menores o hurtos de poca cuantía, es una demanda que ha suscitado diversos comentarios en días recientes.


En referencia a este tema, el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Pablo Kuczynski, invocó hace unos días a los legisladores mayor cuidado de no hacer "experimentos sociales". En ese sentido, planteó la necesidad de crear soluciones alternativas de rehabilitación para los jóvenes que caen en conductas delictivas.
El jefe del Inpe, Wilfredo Pedraza, consideró también al respecto que las modificaciones penales sólo contribuirán a saturar más las cárceles. Agregó que la idea de sancionar con trabajo comunitario a los jóvenes que delinquen debería tomarse en cuenta.


Reestructurar el sistema penitenciario pasa no sólo por construir más cárceles, mejorar las condiciones alimenticias y de convivencia de los reclusos, sino también por fortalecer programas de rehabilitación social dentro y fuera de las prisiones que impidan que quienes ingresan en un penal terminen convirtiéndose en avezados delincuentes.
Contribuir a la limpieza, obras de construcción civil, labores agrícolas o de otra índole con estricta supervisión y control deberían formar parte de programas intensivos de rehabilitación que no sólo le harían bien a los jóvenes que delinquen, sino que permitirían una labor más útil a la sociedad.