editorial

Extradición y justicia
La formalización, hace unos días, del pedido de extradición del prófugo Alberto Fujimori constituye un avance importante en el camino hacia la construcción de una justicia verdadera, es decir, sin impunidad para quienes usurparon el poder –mediante la artera puñalada propinada al estado de derecho el 5 de abril de 1992– e implantaron un régimen autoritario, violatorio de la esencia democrática y republicana de nuestra tradición constitucional.
Ese gobierno dictatorial fue establecido teniendo como principal finalidad la captura del Estado por una sofisticada red de corrupción, levantada a partir de vínculos con mafias de narcotraficantes, comerciantes de armas y una tecnocracia dispuesta a llevar a cabo actos dolosos en los procesos de privatización.
En las acciones de esta organización deshonesta existen numerosas conductas tipificadas por nuestro Código Penal y la legislación internacional como delitos. Naturalmente, quien presidió el Estado, contando con los poderes omnímodos de una estructura gubernativa dictatorial, no puede permanecer ajeno a las responsabilidades y consecuencias penales de todo lo que ocurrió a la sombra del autoritarismo durante ocho años.
Sin embargo, las acusaciones judiciales acerca de los graves casos de corrupción (actos que superan largamente los tradicionales niveles de este comportamiento delictuoso en nuestra Patria) no son las únicas, ni siquiera las más serias. El ex presidente del Perú debe responder por crímenes de lesa humanidad –como secuestros, desapariciones, torturas– y por alentar y proteger a grupos de sicarios que cometían homicidios calificados.
Cuando ejercía mandato absoluto, el ex dictador manifestaba en público el desprecio que le merecían no sólo las organizaciones defensoras de derechos humanos, sino el concepto mismo de “derechos humanos”; en la actualidad, esos menospreciados protectores de la vida y la dignidad de los seres humanos se encuentran entre quienes, al lado de las autoridades políticas y judiciales del Perú, se empeñan en que este personaje comparezca ante la justicia que él manipuló y desdeñó, para responder por sus delitos.
No es un asunto partidario ni de campaña, constituye, por el contrario, una cuestión cívica y de principios: se trata de que el ejercicio tiránico del poder, con las consecuencias delictuosas que ello implica, no permanezca en la impunidad. La política del borrón y cuenta nueva con los anteriores dictadores constituyó un pésimo ejemplo, dado que, en el Perú y en nuestra región, contribuyó a que los potenciales autócratas se sintieran confiados en la impunidad frente a sus brutales acciones.