La formación profesional en el Perú atraviesa un momento crítico y resulta imperioso darle una “mirada urgente” y ofrecer medidas y soluciones estructurales, a través de políticas de Estado objetivas. La evidente incapacidad de nuestro sistema de formación profesional para dar una respuesta adecuada a las necesidades de modernización e incremento de la competitividad del sistema productivo, la falta de articulación entre los distintos niveles del sistema educativo nacional, la carencia de normas legales vigentes y actualizadas y la falta de incentivos a las empresas para lograr la inserción de los estudiantes en los períodos de prácticas, son sólo algunos de los problemas más agudos.
Si se toma en cuenta que la población económicamente activa (PEA) de 15 años en adelante en el Perú está compuesta por 11'913,000 personas entre hombres y mujeres, y que este número constituye el 42.5% de la población de toda nuestra nación, y que de esta población el 31.6% ha concluido únicamente la educación primaria, el 42.4% la educación secundaria y tan sólo un 17.8% ha terminado algún tipo de estudio técnico o superior, descubriremos que tenemos una población trabajadora con un grado de formación profesional escaso o casi nulo.
A pesar de estas cifras alarmantes, la tasa de desempleo nacional registrada es bastante baja, (5.4%), pero no así la tasa de subempleo; lo que significa que nuestra población, en su gran mayoría, no goza de un trabajo digno, sino que se encuentra en una situación de informalidad, principalmente por factores asociados a su falta de calificación profesional, que afecta definitivamente su nivel de empleabilidad.
El problema es complejo y sus efectos crean un círculo vicioso que perjudica el nivel de competitividad de nuestro país. Urge por tanto reformular la educación técnica de una manera revolucionaria y drástica, velando porque ocupe un lugar privilegiado en la agenda política de las nuevas autoridades del sector, permitiendo que se otorgue a los centros educativos que la imparten, autonomía económica, administrativa, académica y pedagógica, a través de la reformulación de normas legales ya obsoletas, permitiendo principalmente que grupos de connacionales que habitan las más inhóspitas áreas rurales, principalmente de la Sierra y Selva, tengan acceso a una calificación técnica básica, contribuyendo con ello a la sustantiva mejora de sus economías familiares y a la reducción de los dramáticos niveles de pobreza que registra nuestro país.

JosÉ Cavani RÍos. Abogado
La pobreza del agua
Se dice que las guerras del futuro serán por el acceso al agua. Y no es difícil llegar a este pronóstico ya que en el mundo existen comunidades nacionales enfrascadas en serios conflictos por este líquido elemento. La agudización y expansión de este problema es cuestión de tiempo: El mundo se hace cada vez más pobre de agua.
Una pequeña pista nos la da el que no sólo los ríos y lagos son poseedores del 0.3% de agua dulce del mundo (el resto está mayoritariamente en los glaciares y casquetes de hielo) que se usa para consumo humano, sino que también éstos conforman 263 cuencas fluviales internacionales sirviendo a menudo de frontera entre Estados.
En ese sentido, gracias a los ríos, el agua dulce se convierte en un recurso compartido, lo que hace más peligroso que se mantenga la triste realidad, denunciada por el secretario General de Naciones Unidas, de que en muchos países en desarrollo los ríos que cruzan la capital se encuentren “tan sucios como las cloacas”. Esta situación tiene repercusiones devastadoras para la salud. A estas alturas hasta el propio Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ha reconocido la dificultad de calcular los daños que está ocasionando la escasez de agua en la población mundial, en especial en los países pobres. Mientras que países como Canadá ya están pensando en exportar este recurso hídrico.
Este órgano de Naciones Unidas estima que existen más de 1,000 millones de personas que sufren la carencia de agua potable y que cada año más de 3 millones de personas fallecen a consecuencia de enfermedades provocadas por agua impura. Si seguimos así, para 2025 dos de cada tres habitantes se verán en serios problemas para conseguir agua bebible. En los países latinoamericanos que poseen una megabiodiversidad el problema es más de gestión del agua que de acceso a ésta: las aguas servidas no son tratadas adecuadamente, se desperdicia mucho más agua de la necesaria en la agricultura, los humedales no son rigurosamente cuidados, los bosques son depredados de manera insostenible y los ríos se convierten muchas veces en propagadores de enfermedades.
Finalmente, el PNUMA rescata un hecho histórico muy interesante para explicar lo importante de brindar a los pobres este recurso hídrico:
En la Inglaterra victoriana, la población marginada sufrió las mismas condiciones de pobreza y enfermedad que ahora padecen las naciones con poco desarrollo hasta que el agua segura y el saneamiento revirtieron esta situación hasta que actualmente los ingleses tienen una alta calidad de vida.