Estado y meritocracia
Dar al mérito personal el lugar que merece, constituye un cambio revolucionario.

Si deseamos una administración pública eficiente y servicios que funcionen de manera óptima, debemos entender que los cargos directivos han de ser ocupados por aquellas personas que muestren las mejores condiciones para ello; es decir, que posean los mayores méritos. De este modo, la sociedad en su conjunto terminará beneficiándose con un desempeño más eficaz de las diferentes instancias que forman el aparato estatal.

Estas verdades, que hoy nos parecen casi de Perogrullo, son relativamente modernas, pues, en los tiempos aristocráticos las altas responsabilidades estaban reservadas para las personas que provenían de familias que poseían títulos de nobleza, excluyéndose de esa manera a miles de seres humanos con brillantes posibilidades de servir a sus respectivos países. La Revolución de 1789 cambió las cosas de modo radical y de allí en adelante el mérito empezó a primar sobre el nacimiento. 

A nuestra sociedad le costó mucho adaptarse a los patrones culturales propios de las revoluciones liberales, debido a las características excluyentes y elitistas de la sociedad colonial. Por esta razón, en nuestro medio, el nacimiento, el amiguismo o el compadrazgo estuvieron muchas veces por encima de la objetiva calidad profesional a la hora de decidir los nombramientos en los cargos de importancia en el sector público. Por tanto, hoy debemos tratar de revertir semejante situación y darles a los méritos la importancia que les corresponde.