La fijación de límites para las remuneraciones de los alcaldes y regidores no supone ninguna invasión del área municipal o regional, sino es una obligación del Ejecutivo establecida por ley, precisó ayer la Presidencia de la República. Mediante una nota de prensa, la máxima instancia gubernamental precisa que la medida –anunciada recientemente por el mandatario Alan García Pérez– se aprobó en estricto cumplimiento de la Ley N° 28212.

Esa norma menciona, en su disposición final segunda, que por decreto supremo se establece el rango de niveles posibles de remuneración en función de la población electoral de los gobiernos regionales y municipales “dentro de cuyos términos los consejeros regionales y municipales decidirán la remuneración mensual de sus presidentes y alcaldes.”