Control necesario

Como es de conocimiento público, el crimen organizado y la corrupción a gran escala utilizan formas sutiles, y a veces complejas, para ocultar las fortunas mal habidas, con la finalidad de que –aun si los responsables de las conductas delictuosas son apresados- los dineros de estos ilícitos terminen en manos de familiares o personas allegadas a quienes delinquieron.

Por esta razón, a nuestro juicio es interesante la propuesta del Poder Ejecutivo denominada “pérdida de dominio”, que implica, en síntesis, un proceso, independientemente del penal y de las personas naturales responsables de delitos, contra los bienes decomisados, cualquiera que sea el supuesto titular de los mismos.

Naturalmente, la persona de buena fe que considere tener titularidad sobre esos bienes puede presentarse a dicho proceso.

El problema de fondo que nuestro Estado debe enfrentar parte de que, al afirmarse la globalización, el crimen organizado se adaptó con gran flexibilidad al nuevo panorama del orbe; en consecuencia, los gobiernos deben renovar sus legislaciones para tener las armas jurídicas que les permitan combatir con eficacia esa gran amenaza del mundo contemporáneo que es la delincuencia organizada.

En el Perú, el tráfico de drogas y la corrupción estructural existente en algunas instancias de nuestro aparato estatal les han dado especial peligrosidad a estas formas de delincuencia.

En nuestro país debemos dar un énfasis especial a la lucha contra el crimen organizado.