EN MARCHA. ESTADO FORTALECERÁ GRUPOS VULNERABLES PARA QUE DEFIENDAN SUS DERECHOS
Trabajo forzoso: esclavitud del siglo XXI
Informes detallan prácticas tramposas en perjuicio de indígenas.
Plan nacional dispone ingreso de inspectores laborales en Amazonía.

Patricia Escudero Ascencio
pescudero@editoraperu.com.pe

La esclavitud del siglo XIX se llama “trabajo forzoso” en el siglo XXI y se calcula que unos 33 mil peruanos la sufren. La principal actividad en la que se presenta es en la extracción informal de madera, en la Amazonía, en zonas de poca accesibilidad, donde casi no hay presencia de las instituciones del Estado. Las más vulnerables son las poblaciones indígenas que recién se contactan con el mundo moderno.

La cifra, calculada por investigaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Ministerio de Trabajo, al igual que las inhumanas condiciones en que viven los peruanos víctimas de estos abusos, motivaron que el Gobierno encargara a una comisión especial elaborar un plan de erradicación de este problema.

El grupo de especialistas del Ministerio de Trabajo, de Agricultura, de Comercio Exterior y de Educación diseñó el Plan Nacional de Lucha contra el Trabajo Forzoso, que contiene el marco de las acciones que se ejecutarán para su prevención y erradicación.

Las acciones del plan parten por el ingreso de inspectores laborales y efectivos de la Policía Forestal, para hacer reconocimiento del lugar. Esto se suma a una intensa campaña educativa en el ámbito escolar y de sensibilización en las zonas de población vulnerable, a fin de concienciarlos sobre sus derechos laborales fundamentales.

En segunda instancia, las acciones involucran el diseño y la ejecución de una estrategia de comunicación para orientar al país respecto a lo que conlleva este problema, la que será canalizada a través de los medios de comunicación nacionales y regionales.

Y en el propósito de ampliar el espectro de sensibilización, el plan prevé mesas de concertación y de diálogo para compartir experiencias y buenas prácticas de lucha contra el trabajo en cautiverio con diversas instancias públicas y privadas.

En concreto, mediante este plan el Estado comenzará a promover activamente el cumplimiento de los derechos laborales fundamentales y fortalecerá a los grupos vulnerables, para que ellos mismos dirijan los cambios que sean necesarios en su entorno, con el objetivo de hacer efectivos sus derechos.

Ausencia estatal
Pero, ¿cuál es la situación real del trabajo forzoso en el Perú? Una investigación efectuada en 2005 por la OIT y el Ministerio de Trabajo revela que hay indicios de estas prácticas abusivas e inhumanas principalmente en la actividad maderera informal, con restricción de la libertad de trabajo en diferentes niveles.

Precisa, además, que en lo formal no hay una política ni una estructura institucional coordinadas que luchen contra ello, lo cual no significa la inexistencia de organismos públicos ni sanciones administrativas y penales para reprimirlo, sino que no hay una política integral que desarrolle capacidades de defensa y autoprotección entre los grupos vulnerables.

El informe advierte que en el país no existe información sistematizada sobre el tema ni acerca de las personas sometidas a estas prácticas ni una red de instituciones especializadas que permitan identificar y examinar casos que alerten al Estado sobre esta realidad.

Por eso, el plan indica como acción inicial el ingreso de inspectores laborales donde se presume que existe tala ilegal de caoba y otras maderas de alto valor, junto a miembros de la Policía Forestal y de la Ecológica.

Pero además de la actividad maderera ilegal, el informe pide que se investigue también, y de inmediato, la extracción de la castaña en Madre de Dios, diversos sectores productivos en la Amazonía, el trabajo doméstico, la pesca artesanal, la agricultura y la minería artesanal.

Modalidades
Un estudio realizado hace tres años por los antropólogos Eduardo Bedoya Garland y Álvaro Bedoya Silva Santistevan, cuyas revelaciones sirven de marco al informe de la OIT y el Ministerio de Trabajo, describe tres modalidades en las que operan los contratistas “enganchadores” para tener a trabajadores prácticamente en cautiverio.

De acuerdo con el documento, en dos modalidades la mayoría de víctimas está compuesta por grupos de indígenas de contacto inicial, reclutados de manera individual o mediante su comunidad a cambio de un pago adelantado, en víveres y artículos diversos, a un precio nunca establecido, que después resulta impagable.

Los patrones subvaloran la madera que extraen los indígenas y elevan a sumas incalculables los productos que les dieron por adelantado, de manera que la supuesta deuda nunca puede ser cancelada y los trabajadores quedan en la práctica en condición de esclavos, laborando por una deuda que nunca pagarán.

Con esas prácticas engañosas, los patrones valorizan una gaseosa pequeña hasta en 10 nuevos soles y una bolsa de azúcar en 50 nuevos soles, a fin de incrementar la deuda de los indígenas trabajadores a niveles impagables.

Si bien el reclutamiento es voluntario al inicio, el indígena pierde su libertad conforme avanza la relación laboral. Además, los patrones se encargan de establecer los campamentos madereros en zonas de difícil acceso por río y lejos de las comunidades, para garantizar que los trabajadores no escapen de esa suerte de secuestro que sufren.

Peor aún, por tratarse de un lugar distante, los “esclavos” se trasladan con sus familias, de manera que no sólo el hombre trabaja para el campamento, sino que la mujer cocina y cumple otras labores de ayuda, igual que los hijos, sin percibir remuneración alguna a cambio.

Y es que, al tratarse de áreas remotas y aisladas no existen instituciones que otorguen créditos alternativos ni mercados laborales desarrollados que brinden una alternativa a los indígenas para pagar las deudas contraídas.

El problema tiene efectos colaterales. Al ingresar en las comunidades, los patrones enganchadores se apropian de los recursos madereros más valiosos de la comunidad a un costo mucho menor que el de su valor real, y por efecto de la presión de la deuda los trabajadores buscan extraer la mayor cantidad de madera posible en el menor plazo, lo que perjudica el uso sostenible de los bosques.

El contrato de habilitación-enganche con anticipos se convierte en peonaje por deudas, y las deudas constituyen un instrumento de retención de trabajadores y de transformación de la mano de obra libre en fuerza de labor sometida a trabajo forzoso.

Datos
En el Perú, el trabajo forzoso afecta principalmente a los grupos más vulnerables por su situación de pobreza extrema, sin posibilidades de ejercer sus derechos.

También, a las poblaciones indígenas.

Debido a su baja densidad demográfica, en la Selva el costo de la mano de obra es teóricamente alto; pero dada la situación de vulnerabilidad de su población, fácilmente se convierte en barata, porque se la somete.

Las zonas donde se produce el trabajo forzoso se caracterizan por la escasa o nula presencia institucional del Estado, sobre todo en los bosques de Madre de Dios, Yurúa y Purus.

La población nativa o mestiza ignora el funcionamiento del comercio y el mercado laboral, los precios y el valor de sus recursos.

Hay impunidad frente a los casos existentes.

No entran en esta categoría el Servicio Militar Obligatorio, las responsabilidades cívicas como ciudadano, la labor impuesta por sentencia judicial o por fuerza mayor ni los trabajos comunales.

Definición del término
Es todo trabajo o servicio lícito o ilícito que un individuo realiza bajo amenaza, para librarse de una pena, sin haberse ofrecido voluntariamente; por el contrario, en estos casos su capacidad de elegir si labora o no, con quién, dónde, y en qué condiciones, está restringida.