Presiones inadmisibles

Tal como lo referimos con insistencia en esta columna, en una sociedad democrática es lícito discrepar de los gobernantes y de las normas o disposiciones aprobadas por las diversas autoridades, pero todos –gobernantes y gobernados– estamos obligados a cumplir la ley, es decir, nos encontramos sometidos al poder impersonal de la Constitución y las normas jurídicas que forman la estructura central del estado de derecho.

En días recientes, el estado de derecho ha sido amenazado por la ilegítima presión del liderazgo de grupos de campesinos productores de coca, que insisten en presionar con métodos que rebasan el orden jurídico y van mucho más allá de una verdadera protesta.

En consecuencia, existen dos aspectos que debemos destacar: la utilización de métodos ilícitos, que son, en su esencia, ilegítimos e injustificables, sea cual fuere la naturaleza del reclamo. En una sociedad civilizada y regida por el derecho, los gobernantes no pueden ceder ante el chantaje de grupos encabezados por personas que han asumido la lógica maquiavélica, según la cual para obtener un propósito vale cualquier método.

En segundo término es importante tener en cuenta que la gran mayoría de la coca cultivada en nuestro país es ilegal y tiene como destino el narcotráfico. Por tanto, las autoridades no pueden cerrar los ojos frente a un hecho tan grave como es alimentar un negocio criminal cuyo eje central es envenenar a millones de seres humanos y destruirlos lentamente.

Por último, debemos precisar que la pobreza de quienes producen materia prima para la droga y la venden a los negociantes de la muerte, no justifica su actitud. Aceptar una excusa de esta naturaleza llevaría a plantear la impunidad de la mayor parte de las conductas delictuosas.

El Estado no puede ceder al chantaje de presiones ilícitas en sus fines y medios.