DEFENSORÍA. PARA AGILIZAR PROCESOS INICIADOS en materia previsional por JUBILADOS
Piden juzgados en pensiones
Procesos demoran cinco años y afectan calidad de vida de la tercera edad.
Ombudsman plantea reformas urgentes al PJ, Ejecutivo y al Congreso.

Ante el elevado número de demandas de carácter previsional, la Defensoría del Pueblo propuso la creación de juzgados especializados en materia de pensiones en Lima, a fin de favorecer la agilidad, rapidez y predictibilidad de estos procesos que implican principalmente a personas mayores de 62 años de edad, que a la fecha deben esperar más de cinco años para obtener una respuesta a sus exigencias de justicia.

El planteamiento forma parte del Informe Defensorial Nº 121, denominado propuestas para una reforma de la justicia contencioso-administrativa desde la perspectiva del acceso a la justicia, aprobado mediante la RD Nº 24-2007/DP. El estudio busca incluir en la reforma de la justicia a la jurisdicción contencioso-administrativa, tanto por la relevancia social que exteriorizan las partes involucradas como por la legitimidad y responsabilidad del Estado frente a sus actuaciones.

El documento identifica, precisamente, que la mayoría de los casos que conocen los juzgados contencioso-administrativos versan sobre materia previsional. De ahí que enfatiza la necesidad de crear en Lima la subespecialidad previsional en estos órganos jurisdiccionales y aumentar los juzgados de acuerdo con la actual carga procesal, complejidad de causas y perspectivas de incremento de las demandas.

Solicita igualmente implementar la notificación por correo electrónico de manera gradual, para hacerla obligatoria en un mediano plazo.

Para ello, propone realizar campañas de difusión sobre la notificación electrónica; habilitar centros de consultas de notificaciones electrónicas y modificar el Código Procesal Civil para aplicar la obligatoriedad progresiva en la notificación de ciertos actos procesales.

Otras recomendaciones son revisar y mejorar formatos y modelos de resoluciones que emplean los juzgados, y elaborar una guía para que la redacción de resoluciones se convierta en un verdadero mecanismo de comunicación con las partes y elevar la calidad de decisiones judiciales.

Dato
Sugiere al CNM mantener entre sus parámetros de selección y nombramiento de jueces temas vinculados con la organización y gestión del despacho judicial, y a la Amag: fortalecer los conocimientos sobre derecho administrativo, proceso contencioso administrativo y gestión del despacho.

Padrón de malos abogados
La implementación de una base de datos pública sobre las multas impuestas a los abogados litigantes en los juzgados contencioso-administrativos, para generar información en el usuario respecto a la elección del profesional que defenderá su caso, planteó la Defensoría.

El objetivo de esta difusión, que podría ser por la página web del PJ y de los propios juzgados, es presentar información sobre el nombre del abogado, número de colegiatura y multas. Se plantea asimismo uniformizar criterios para la imposición de multas a ciudadanos que muestren determinado tipo de conductas, como de carácter dilatorias.

De interés
Diagnóstico

1) La justicia contencioso-administrativa es competente para pronunciarse sobre las demandas presentadas por los administrados, impugnando determinadas actuaciones administrativas que, consideran, afectan sus derechos.

2) 67% de los casos atendidos por estos juzgados versa sobre materia previsional.

3) 21% abarca una variedad de temas como licencias municipales, propiedad, transporte, construcción, temas registrales, contratos, servicios públicos, tributos y medio ambiente.

4) Cinco años y siete meses es el promedio de duración de un proceso contencioso-administrativo en todas sus etapas. La primera instancia hasta la sentencia tarda 22 meses. Si es apelada, en segunda instancia demora 15 meses. De interponerse una casación, serán 30 meses.

Sugerencias
Al Poder Ejecutivo

- Promover, a través del sector Justicia, la presentación y debate de las reformas a la Ley Nº 27584, que regula el proceso contencioso administrativo, como ampliar la competencia territorial de estos procesos, delimitar la intervención del Ministerio Público como dictaminador y eliminar las restricciones a la actividad probatoria.

- Impulsar, mediante el sector Justicia, la presentación y debate de un proyecto de ley que determine cuáles son los bienes embargables del Estado, a fin de facilitar la ejecución de las sentencias judiciales en materia pensionaria contra el Estado, garantizando así la tutela jurisdiccional efectiva.

- Establecer como política, en lo referente al cumplimiento de fallos judiciales, que las sentencias en materia previsional con obligación de entregar una suma de dinero se cumplan en dos años como máximo.

- Implementar el Tribunal Administrativo Previsional, creado mediante la Ley Nº 28040, a fin de contar con un órgano que establezca criterios uniformes sobre la interpretación de la legislación previsional y el desarrollo de los respectivos procedimientos administrativos, en la perspectiva de una mejor y más rápida resolución de las controversias sobre pensiones en sede administrativa.

Al Congreso de la República

- Modificar los artículos 8, 14 y 27 de la Ley Nº 27584, que regula el proceso contencioso-administrativo para ampliar la competencia territorial en estos casos, fijar plazos razonables y eliminar limitaciones a la actividad probatoria, en concordancia con una plena tutela jurisdiccional efectiva para favorecer el derecho a probar que le asiste a las partes.

- Debatir y aprobar cuáles son los bienes embargables del Estado, a fin de facilitar la ejecución de las sentencias judiciales en materia pensionaria contra el Estado.

- Establecer un plazo máximo legal de dos años para el cumplimiento de sentencias en materia previsional, con obligación de dar suma de dinero, a fin de que el pensionista que obtenga una sentencia favorable pueda gozar de sus beneficios declarados judicialmente. Impulsar la implementación progresiva del procedimiento administrativo virtual en cada una de sus fases.

ONP: Más atención especializada
La implementación de centros u oficinas de atención especializada en las entidades públicas con mayor flujo de jubilados, tanto en la modalidad física como virtual, recomendó el ombudsman a la ONP.

En caso existan estos servicios, recomienda la potenciación, pues los administrados desconocen sus derechos y, en general, cómo transcurre un proceso administrativo. Para mejorar la calidad del servicio, pide realizar permanentes consultas entre los usuarios, como encuestas, grupos focales o entrevistas.

Mientras que a los empleados de estos centros u oficinas de atención se les debería afianzar la capacitación sobre el funcionamiento y trámites de la entidad, los derechos de quienes atienden y sobre buenas prácticas en la comunicación con quienes solicitan sus servicios, precisa el informe defensorial.

Se sugiere crear, además, formatos estándares para la presentación de medios impugnatorios, especialmente en los casos más frecuentes; implementar un sistema de publicación de resoluciones en las páginas web de las entidades públicas, y establecer progresivamente el procedimiento administrativo virtual.