Solución necesaria

El Presidente de la República se refirió, durante el pasado fin de semana, a un hecho objetivo: en la designación de magistrados que forman el Tribunal Constitucional (TC) existe un objetivo factor político, que provoca otro hecho real: en una elección de este tipo hay factores ajenos al currículum vítae del candidato. Esta realidad no la debemos apreciar como un hecho necesariamente negativo, pues es una característica común en democracias avanzadas y sólidas.

En Estados Unidos, nación que inició la figura del control constitucional estableciendo, de hecho, a partir de 1800, que la Corte Suprema se pronuncie acerca de la constitucionalidad de las normas, el presidente es quien nombra a los jueces de la Corte Suprema, quienes cumplen las funciones que, en nuestro sistema constitucional, le corresponden al TC.

En consecuencia, un nombramiento presidencial conduce a que sea inevitable el factor político o –en términos más exactos– el elemento ideológico. Un mandatario conservador como Reagan o Bush buscó juristas destacados, pero de pensamiento similar al suyo en cuestiones como derechos civiles, equidad de género, aborto, pena de muerte...
De modo que no podemos decir que resulte negativo el tomar en consideración la ideología y el pasado político de un jurista como parte de los elementos del juicio que el Congreso debe ponderar a la hora de escoger a los magistrados; lo que sí tiene que evitarse siempre es el juzgar elegibles a personas que, por su pasado, no dieron muestras de firmeza en la defensa del estado de derecho y el orden jurídico, sometiéndose a presiones autoritarias; también es importante ponderar el currículum vítae y, dentro de él , aquellas cuestiones que permiten hacerse idea del nivel intelectual del candidato. Finalmente, es esencial prevenir la existencia de manchas morales en su pasado.

Es necesario ponderar diversos factores para una elección transparente.