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editorial

Reflexión y unidad

El Gobierno peruano adoptó la determinación de acudir al Tribunal de La Haya con la finalidad de encontrar una solución al diferendo existente con nuestros vecinos del sur, en relación con los límites marítimos. Esto, naturalmente, genera cierto malestar en varios sectores de la sociedad chilena, dado que su punto oficial es que no existe ningún problema, pues, el asunto ya está resuelto.

A partir de tal situación objetiva es importante que en el Perú se tome conciencia de que los asuntos exteriores no pueden jamás ser utilizados con fines menudos de política interna, sino tomando en consideración los intereses del país. En consecuencia, resulta esencial que no sólo los delegados de las diversas tiendas políticas que tienen representación parlamentaria, sino los expertos en relaciones internacionales –trabajen o no para el Estado–, comunicadores sociales, intelectuales y miembros de la sociedad civil contribuyan de modo constructivo proporcionando aportes acerca de cuándo y cómo debemos actuar de modo concreto en este asunto.

El acudir a una instancia externa es una salida que parte del respeto al derecho internacional, y, por tanto, implica que somos respetuosos del orden jurídico mundial; las declaraciones del canciller Alejandro Foxley nos permiten comprender que Chile también considera que su país se basa en el respeto hacia la ley internacional.

Las cosas son así porque en ambas naciones existen gobiernos democráticos, respetuosos del derecho e inspirados en el humanismo progresista que, por esta razón, desean otorgarle una dimensión humana y social a la economía de mercado. Esta coincidencia de fondo facilita las cosas, ya que los dos países acatarán las precisiones de la instancia internacional en caso de que se materialice una decisión.

Las decisiones fundamentales de política exterior son parte de la política de Estado.

 

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