Minería, desarrollo y conflictos


Los sucesos lamentables ocurridos tras el conflicto suscitado alrededor de la empresa minera Casapalca tienen aristas complicadas. Las violentas acciones desarrolladas por los trabajadores han generado –además de múltiples problemas– víctimas; entre ellos, un miembro de la Policía Nacional. Sobre estos hechos reiteramos nuestro punto de vista expuesto en ocasiones anteriores: no tiene justificación alguna efectuar acciones violentas o bloquear carreteras. El fin no justifica los medios, y a quienes utilicen métodos ilegales o inmorales se les debe procesar de acuerdo con la ley. En este conflicto –tal como lo señaló hace unos días la ministra de Trabajo, Susana Pinilla–, la exasperación de los trabajadores tuvo como origen una acción ilegítima de la empresa: el despido masivo de líderes sindicales. Ello, además de su carácter arbitrario, puede generar graves consecuencias en relación con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.


Una parte importante de la adenda que se aprobó en el Congreso la semana pasada tiene como eje la situación de las relaciones laborales y, concretamente, el respeto a los derechos de sindicalización y huelga reconocidos en el ámbito internacional. Lo que se busca es que nuestro país no tome como “ventaja” anular los derechos de los trabajadores. En este sentido, consideramos que sería simplista limitarnos a condenar acciones violentas –claramente injustificables– sin decir nada acerca de los actos que motivaron la lamentable situación de violencia que afectó incluso a personas ajenas al conflicto.