MANO FIRME PARA ENFRENTAR LA AGITACIÓN Y EL DESORDEN EN EL PAÍS
Debilidad ante la violencia
Édgar Núñez Román
Congresista de la República (PAP)

La defensora del pueblo avaló con sus declaraciones, sorprendentemente, las marchas y tomas de carreteras, agitadas por grupos de Patria Roja y afines a Sendero Luminoso.

Falta en el país compromiso y firmeza de algunas autoridades para hacer cumplir la ley, y existe conducta contemplatoria y debilidad frente a la violencia. Es más, hay una inclinación de algunas instituciones a tolerar lo intolerable. Este es el caso de la Defensoría del Pueblo, que hizo su presencia pública y no precisamente para llamar a la serenidad y al orden a quienes manipulan a ciertos sectores de la población a fin de protestar en las calles.

Las declaraciones a la prensa de la defensora del pueblo alarmando a los inversionistas con que hay 45 conflictos y 35 activos, sin una explicación clara, es una forma de sumarse al bloque opositor de prochavistas que azuzan la violencia en el país. Su llamado al Gobierno precisando “que el Estado tiene la obligación de atender las demandas sociales en las que están en juego los derechos ciudadanos”, es ignorar lo que hace el Gobierno y una forma abierta de decirles a los huelguistas: “Estoy con ustedes.” Por lo visto, no hay, pues, ponderación ni actuar responsable de parte de una institución que debe proteger a todos los peruanos.

La defensora sabe que el Gobierno lleva a cabo los mayores esfuerzos en la atención a las urgencias sociales. Los programas sociales cuentan con grandes inversiones como es el caso de Agua para Todos; Sierra Exportadora se convierte en un instrumento de desarrollo del agro y crea nuevas fuentes de trabajo para poblaciones en situación de pobreza; y el programa Crecer, de reciente lanzamiento, orientado a reducir la pobreza y la desnutrición infantil, que inicia con un presupuesto de 200 millones de nuevos soles, son algunos ejemplos que demuestran que este régimen ha puesto a disposición de los pobres del campo y de los gobiernos locales y regionales, miles de millones de nuevos soles en pos de un auge armónico y equilibrado.

Entonces, la defensora del pueblo tiene que reconocer el derecho de los millones de peruanos que votaron por un modelo socioeconómico antiestatista y ganaron en las elecciones de 2006. No puede ser parte de ese grupo radical que fue rechazado en las urnas y que ahora pretende imponer su agenda económica y social en las calles.