Justicia a pensionistas

El Gobierno decidió cumplir una promesa: disponer el pago de una deuda contraída por el Estado con miles de jubilados de la Ley Nº 19990, es decir, aquellos que reciben menores retribuciones y que, tras aportar durante décadas, en la actualidad apenas sobreviven con pensiones minúsculas.

El argumento dado a lo largo del tiempo para incumplir con esos peruanos postergados ha sido siempre el mismo: las limitaciones de la caja fiscal. Hoy, el Gobierno ha decidido que –dado que la situación presupuestal es un poco más holgada– es momento de honrar una deuda interna con quienes, por elemental justicia, merecen que su derecho sea reconocido.

Los jubilados que, en su mayoría, pertenecen a la tercera edad, son parte de un grupo vulnerable al cual nuestra sociedad no atendió como correspondía. El acto de justicia efectuado durante esta semana no significa que se haya resuelto el problema de la postergación de ese trascendental sector de peruanos y menos aún que hayamos hecho justicia con nuestros compatriotas de edad avanzada.

No obstante la mejora en la situación fiscal, ello no implica que vivamos una situación de abundancia, pues, seguimos siendo una sociedad pobre y los mayores ingresos de que disponemos hemos de administrarlos con prudencia, lo cual significa saber elegir cuidadosamente quiénes serán los beneficiarios de esta recuperación presupuestal. Quizá uno de los criterios debería inspirarse en el Nuevo Testamento: “Los últimos serán los primeros.”

Otro asunto muy complejo es que los sectores postergados y marginados durante siglos desean recibir su parte en los primeros beneficios de la mejora económica. Si no existe capacidad para mantener la racionalidad económica indispensable a fin de continuar con el acrecentamiento económico, se echará a perder toda posibilidad real de progreso.

La tercera edad debe tener preferencia al momento de dar beneficios.