BUSCANDO MAYOR DEMOCRATIZACIÓN
Pluripoderes y participación ciudadana
Helder Domínguez Haro
Director del Centro de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial

La participación de la ciudadanía y de la comunidad jurídica es un rasgo apreciable en estos años, producto del modelo democrático de reforma judicial. Verbigracia, el grupo impulsor que condujo el Acuerdo Nacional por la Justicia o el consejo consultivo de la presidencia del Poder Judicial, ambos por iniciativa de la propia judicatura.

Dentro de esa línea participativa, es importante mencionar la presencia de un representante de la junta de decanos de los Colegios de Abogados del Perú, en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; de la sociedad civil en la Oficina de Control de la Magistratura; y la propuesta de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, sobre el órgano colegiado que debe administrar la carrera judicial: una comisión de carrera judicial para el control de idoneidad de la función de los jueces, integrado por miembros de la judicatura y representantes de instituciones (universidades, colegios profesionales de abogados). Situaciones que seguramente deben afinarse para mejorar el sistema.

En efecto, el delicado papel de los magistrados, quienes deciden por la libertad y los bienes de las personas en un proceso judicial, o realizan labores de gestión institucional y sancionadora, supone el control de la sociedad representada –en términos generales– por las diferentes asociaciones profesionales y civiles. Es la “democracia judicial” en marcha.

Ahora bien, ¿lo mismo sucede con otros poderes del Estado? ¿En el Ejecutivo y Legislativo, en la toma de decisiones y de medidas disciplinarias, participa legalmente la sociedad civil o los gremios profesionales? ¿Las universidades o los gremios profesionales controlan la idoneidad de la función de los congresistas?

El equilibrio y control de poderes, más aún en un modelo horizontal como el nuestro, no debería admitir excepciones. Si cada poder del Estado tiene precisamente una cuota de poder político y/o jurídico, entonces la democracia conlleva a ampliar y regular la participación ciudadana en todas las latitudes de la cosa pública.

La participación y el control de la sociedad en la organización estatal es un derecho contemporáneo que no sólo es de aplicación a la dimensión judicial; sino también a todo el sistema de pluripoderes como elemento catalizador del fenómeno democrático, por cuanto forma (no deforma) a las instituciones públicas. La cuestión está planteada.