Autoridad democrática

Las primeras expresiones del debate suscitado en torno a los decretos legislativos que el Poder Ejecutivo dictó con la finalidad de enfrentar el crimen organizado, el lavado de dinero, el pandillaje y el caos –propiciado en algunos casos por quienes ejercen autoridad–, los conceptos esgrimidos en este debate presente en los medios de comunicación ponen en claro que seguimos prisioneros de la cultura autoritaria que tanto daño hizo a la consolidación de la democracia durante el siglo pasado.

Este error conceptual parte de considerar que el ejercicio fuerte de la autoridad –algo que reclama una población agredida por diversas formas de delito– es patrimonio de las dictaduras, y que las democracias, por ser tales, se encuentran obligadas a una actitud complaciente que solamente sirve para generar nostalgia por los tiempos autoritarios, en que la “mano dura” reinaba.

La experiencia de los países democráticos avanzados nos muestra con claridad que allí existe una perspectiva clara de estas cosas: el gobierno legítimo –que es fruto de una limpia elección, respeta la Constitución y las libertades– debe ejercer autoridad y utilizar la fuerza de modo legítimo contra quienes atentan contra el estado de derecho. Si en una democracia a un grupo se le ocurre bloquear carreteras, la fuerza pública actúa de inmediato y las penas contra el crimen organizado son bastante severas.

En las mayorías pobres del Perú existe un anhelo en el sentido de que el Estado las defienda de la agresión delictuosa, y éste hace bien al responder en parte a ese clamor.

Debemos superar la mentalidad irreal según la cual un régimen democrático tiene que caracterizarse por la actitud contemplativa frente a la violencia delictiva.

El Estado democrático debe hacer ejercicio de su autoridad.