defensoría del pueblo
Instituciones educativas


El derecho a la educación, reconocido en normas nacionales e internacionales como un derecho fundamental, contiene elementos esenciales e imprescindibles que han de observarse para garantizar su goce. El Estado se encuentra obligado a contar con un número suficiente y adecuado de instituciones, programas y material de enseñanza, lo que implica que los centros educativos estén dotados de una infraestructura apropiada, con servicios básicos oportunos como agua potable, luz y condiciones sanitarias mínimas. Acerca de esto último, algunas instituciones educativas protestaron enérgicamente debido a que las autoridades competentes no asumían la deuda generada por los servicios básicos, que, en ciertas oportunidades, ha sido pagada por la Asociación de Padres de Familia (Apafa), obligada por las circunstancias.


Esta situación llegó a un punto crítico cuando la Empresa Prestadora del Servicio de Agua Grau cortó la provisión en 10 colegios de Piura por falta de pago, advirtiendo que la medida involucraría a más establecimientos de no cancelarse la deuda, cuya facturación promedio mensual ascendía a 41 mil nuevos soles. Por ese motivo, el pasado 2 de julio la oficina defensorial de Piura propició una reunión de urgencia con los sectores concernidos: gobierno regional de Piura, dirección regional de educación, dirección regional de salud y EPS Grau, con la finalidad de adoptar medidas efectivas que permitan revertir la situación planteada. Así, se logró firmar un importante acuerdo económico con la finalidad de garantizar la continuidad de los servicios básicos en las instituciones educativas. Por su parte, el gobierno regional se comprometió a transferir el dinero para solventar el pago de la deuda de enero a junio, al igual que para cancelar la facturación de julio, y, en adelante, entregar 41 mil nuevos soles mensuales con el objetivo de evitar la generación de más deudas.


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