Apoyo a la reconstrucción


La aprobación –por unanimidad– por el Poder Legislativo de la norma que establece la solidaridad con las localidades afectadas por el sismo del 15 de agosto, autoriza a los gobiernos regionales y locales a la reprogramación de su presupuesto, con la finalidad de disponer de recursos orientados a las labores de reconstrucción. Esta medida debe evaluarse considerando el actual contexto caracterizado por la tenencia de mayores recursos en manos de los gobiernos regionales y locales, debido no sólo a la transferencia de recursos, sino también al canon que poseen algunos de ellos. De esta manera, se busca romper con la rigidez de nuestro sistema administrativo que –por partir de la desconfianza de los funcionarios– instituye un conjunto de disposiciones estrictas que deben respetarse. Bajo responsabilidad de proceso penal, la consecuencia de este sistema es que –con la intención de hacer frente a la posible corrupción– se ata a los funcionarios a procesos inflexibles.


Se puede discutir si éste es el único –y más efectivo– modo de combatir la corrupción en el aparato del Estado, pero lo innegable es que un sistema de esta naturaleza resulta totalmente inapropiado para enfrentar una emergencia de la gravedad como la que el Perú atraviesa. Un hecho digno de encomio resulta la agilización de los requisitos para efectuar donaciones, eliminándose normas que –dada la coyuntura actual– eran simples obstáculos colocados en el camino de quienes con la mejor buena voluntad desean colaborar con el pueblo peruano. Es primordial que todos los sectores del aparato estatal comprendan que estamos en emergencia y que carece de sentido pretender actuar como si estuviéramos en plena normalidad, lo cual conduce a que, en la práctica, se pongan trabas al esfuerzo de reconstruir lo dañado y ayudar a las víctimas con la mayor agilidad posible.