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editorial

Tribunal Constitucional


Es un acontecimiento a todas luces positivo que el Congreso haya culminado la elección de los integrantes del Tribunal Constitucional (TC), una institución de fundamental importancia para el mantenimiento y fortalecimiento de nuestro sistema político democrático y republicano inspirado en el pensamiento liberal clásico y los posteriores aportes del socialismo democrático. Si reflexionamos acerca de nuestro modelo político, llegaremos a la conclusión de que su esencia es el estado de derecho, es decir, la limitación y equilibrio de poderes con diferentes orígenes y funciones. La verdadera democracia no es un cesarismo plebiscitario ni una “encuestocracia”, esto es, la voluntad o aceptación de masas carentes de espíritu democrático, no puede ser excusa para avasallar poderes independientes, o violar los derechos de las minorías.


De aquí se deduce que todos los altos funcionarios de los diversos poderes del Estado –empezando por el Presidente de la República– se encuentran sometidos al poder impersonal de la ley y, justamente. por ello se jura “cumplir y hacer cumplir” la Constitución y las leyes. Del mismo modo, el Congreso no debe dictar leyes que colisionen con la Constitución, tampoco el Poder Ejecutivo debe violentarla ni con sus decretos o resoluciones y tampoco con sus acciones; asimismo, todos los integrantes del sistema judicial tienen la obligación de acusar o sentenciar ciñéndose a lo establecido en la Carta Constitucional. Sin embargo, las constituciones suelen ser textos generales que, en determinadas situaciones, pueden ser interpretadas de manera controvertida, por ello, nuestro sistema legal establecía tradicionalmente la obligación de jueces y magistrados de preferir la Carta Magna a cualquier otra que eventualmente colisionara con ella.


Sin embargo, esto no bastaba y, durante el debate en la Asamblea Constituyente de 1978-1979 se acordó crear una nueva institución: el Tribunal de Garantías Constitucionales. La Carta de 1993 mantuvo la idea con la figura del TC. Por tanto, es necesario tener presente que nuestra Patria requiere de un TC independiente y ajeno al sometimiento a una u otra corriente política, y, dispuesto por encima de todo a velar en toda circunstancia por la estabilidad jurídica y la plena vigencia del estado de derecho.

 

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