No a la violencia

Una sociedad democrática se caracteriza por el respeto a la ley y las normas jurídicas, y en ella, los ciudadanos tienen derecho a cuestionar y oponerse a las decisiones de los gobiernos; sin embargo, la crítica y la discrepancia deben manifestarse dentro de los límites que establecen la Constitución y las leyes.

A partir de este razonamiento, es posible deducir que el Estado –gobernado por sus legítimas autoridades, fruto de la decisión popular– posee el monopolio de la violencia, lo cual quiere decir que son la Policía y las Fuerzas Armadas las que pueden utilizar, siguiendo las órdenes de los gobernantes, el denominado poder coercitivo del Estado contra quienes desacatan las normas jurídicas e incurren en falta o delito.

En consecuencia, los ciudadanos que discrepan de la política oficial tienen derecho a expresar sus diferencias y manifestarlas a través de los medios de comunicación, organizar marchas o publicar comunicados. Estas formas de expresar su oposición deben efectuarse respetando los derechos de los demás y evitando la violencia.

Estas reflexiones –a nuestro entender, básicas para la vida democrática y civilizada– las hacemos en el momento en que nuestro país contempla con estupor las acciones de fuerza en las que participó una parlamentaria andina; para nosotros, ese hecho no solo es condenable sino que, además, los ciudadanos debemos aprovechar estos lamentables sucesos para impulsar la conciencia democrática, que no puede ser tal si no va ligada con el respeto absoluto del estado de derecho.

Si un sistema democrático admite, por su culpable inacción, que grupos de ciudadanos se arroguen de modo ilegítimo el derecho a imponerse por la fuerza al margen de la legalidad, esa democracia cava su tumba; ésa fue la historia de los frágiles sistemas políticos de la Europa de “entre guerras”, que sucumbieron ante el fascismo por haber tolerado la anarquía propiciada por grupos violentos.

La ciudadanía, que quiere seguir viviendo en democracia y rechaza la violencia, desea la tranquilidad que le es indispensable para desarrollar su vida laboral y social. Por esta razón, creemos estar en lo cierto cuando afirmamos que la mayoría de la población rechaza la violencia.

Si deseamos vivir y progresar en paz, debemos rechazar toda forma de violencia, pues ella constituye una amenaza a la civilización.