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| editorial |
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Oficina Nacional Anticorrupción
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La sociedad en su conjunto debe colaborar en la lucha contra la corrupción.
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En una colectividad como la peruana es esencial un Estado democrático; más aún, si las autoridades del mismo se encuentran empeñadas en modernizar de modo acelerado a la sociedad, con el fin de incorporarla plenamente al proceso de globalización que vive la humanidad, es prioritario dar énfasis a la lucha contra ese fenómeno añejo que es la corrupción. Decimos esto porque –dada la historia del Perú– debemos comprender que en nuestro país la corrupción no es un problema coyuntural, sino una cuestión de tipo estructural, que marca nuestra historia, por lo menos desde el momento en que nos incorporamos a Occidente tras la llegada de los conquistadores y la posterior construcción del orden colonial durante la segunda mitad del siglo XVI.
En efecto, el sistema económico mercantilista que imperaba en Europa en aquellos tiempos al igual que el patrimonialista impuesto por los Austrias generaron, en Europa y América, un modelo burocrático corrupto que –con el agravante del discriminatorio mecanismo de castas raciales implantado en las colonias– melló nuestra historia y dejó esa nefasta herencia a la República.
La razón principal de que a lo largo de casi dos siglos este problema no se haya superado, estriba en que el tipo de mentalidad que lo hizo posible sigue existiendo entre no pocos políticos, numerosos burócratas y algunos ciudadanos comunes, de modo tal que una especie de inercia mantiene las condiciones que posibilitan la supervivencia de estructuras corruptas. El presente régimen ha expresado su firme determinación de comprometerse políticamente con la causa de la lucha contra esta terrible lacra. Una clara manifestación de la voluntad política del Gobierno ha sido la decisión presidencial de nombrar a una jueza comprometida con esta empresa, según es público y notorio.
Sin embargo, no basta la puesta en funciones de una entidad pública cuya finalidad sea combatir la corrupción; tampoco es suficiente el nombramiento de una personalidad dispuesta a cumplir con la importantísima tarea encomendada. Es necesario que las autoridades de todos los poderes, la sociedad civil organizada, los medios de comunicación, todos, contribuyamos a que sea posible erradicar un mal enquistado en nuestra sociedad. |
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