primera audiencia. por CASOS de BARRIOS ALTOS Y LA CANTUTA

Fiscal pide 30 años de cárcel para ex presidente Fujimori

El fiscal supremo José Peláez Bardales pidió ayer que el ex presidente Alberto Fujimori sea condenado a 30 años de pena privativa de la libertad por las matanzas de Barrios Altos, La Cantuta y los secuestros en el sótano SIE y pidió que pague la suma de 100 millones de nuevos soles de indemnización en favor de los deudos.
El magistrado aseguró que el ex mandatario dio la orden al grupo Colina para ejecutar los crímenes contra un grupo de 25 personas, entre ellas un niño de ocho años, así como los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer, en 1992. En este último caso pidió que el mandatario les pague 300 mil nuevos soles.
“Los comandos ejecutores del grupo Colina fueron quienes llevaron a cabo los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta al amparo de un plan estratégico minuciosamente estructurado en un aparato de poder estatal ilícito”, señaló.
Aseveró que la aprobación y la orden para la ejecución de estas “operaciones especiales” las dio Fujimori, a través de la cadena de mando del aparato de poder, en cuya cúspide se hallaba ubicado el acusado.
Manifestó que los secuestros de Gorriti y Dyer también se produjeron por orden y con conocimiento del entonces jefe de Estado, bajo el mismo sistema de la cadena de mando.
Tras esta exposición, el representante del Ministerio Público formuló acusación contra Alberto Fujimori como autor del delito de homicidio calificado en agravio de Luis Antonio León Borja, y otras personas, por el caso Barrios Altos y La Cantuta.

Respuesta airada
Al responder a las imputaciones del fiscal, el ex presidente Alberto Fujimori no dudó en alzar la voz para rechazar los cargos. “Soy inocente, no acepto esta acusación fiscal”, afirmó Fujimori visiblemente afectado, por lo que fue llamado al orden por el presidente de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, César San Martín.
Fujimori aseveró, con voz alta, que no era responsable de la violación de derechos humanos en su gobierno, y dijo más bien que defendió los de la población peruana frente al terrorismo. “A raíz de mi gobierno se rescata los derechos humanos de 25 millones de peruanos, sin excepción alguna. Si se cometieron algunos hechos graves los condeno, pero no fueron orden de quien habla”, dijo en su defensa.
El ex mandatario aseguró que en 1990, al asumir la presidencia, el país estaba casi en colapso. “El país estaba desangrándose, 50% del territorio estaba controlado por las huestes terroristas, 560 comisarías replegadas y las Fuerzas Armadas no tenían armas”, anotó.
Tras llamarlo al orden, el presidente de la Sala, César San Martín, le recordó a Fujimori que tenía que respetar las directivas del tribunal y limitarse a responder los cargos que se le imputan.
“Acusado Fujimori, aquí mando yo. Usted tiene que respetar las directivas del tribunal, hemos sido sumamente amplios. Usted tendrá la oportunidad de responder todas las preguntas”, expresó San Martín.
Tras disculparse ante la sala por este hecho, Fujimori pidió que se admitan sus declaraciones en el proceso que se le sigue. “Agradezco por haberme dado esta oportunidad de exponer brevemente lo que será mi defensa, que naturalmente se basará en pruebas y no en indicios o sospechas y presunciones”, dijo Fujimori, a quien se le notó afectado.

Crisis hipertensiva
Inmediatamente después, y tras señalarse que el proceso oral se suspendía por unas horas, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema decidió reanudarlo recién mañana, debido a una “crisis hipertensiva” sufrida por el ex mandatario.
Fujimori sufrió un incremento de la presión arterial, y tras evaluarse el informe escrito como oral del médico se decidió suspender la audiencia.
El propio fiscal José Peláez Bardales consideró oportuno atender el pedido porque el ex presidente es un hipertenso crónico.

La defensa

El abogado de la defensa, César Nakasaki, aseguró que el ex presidente Fujimori no formó parte del grupo Colina, ni ordenó la matanza de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta.
Sostuvo, además, que el ex mandatario no aplicó una “política de baja intensidad”, como lo denunció la Fiscalía, y que en su calidad de presidente de la República, no ordenó la matanza de La Cantuta (1992), sino que se cometieron excesos por parte de los agentes a cargo del operativo.
Para demostrar esto, el letrado pidió que un grupo de ex militares, entre ellos el ex ministro del Interior Julio Salazar Monroe, sean citados como testigos. También solicitó la presencia del ex general de la Policía Héctor Jhon Caro, quien –dijo– tenía conocimiento de las actividades de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) en la aplicación de "exitosas" políticas de pacificación antisubversiva.

Juicio es penal, no político

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia reafirmó ayer su independencia y autonomía en el primer juicio oral contra Alberto Fujimori.
Mediante declaración leída en la audiencia matutina, la sala presidida por César San Martín precisó que la causa que se inicia es un juicio penal y no un juicio político, por eso, su fundamento se basa únicamente en la ley penal vigente.
Indicó que corresponde utilizar como criterio los parámetros objetivos que el derecho ofrece y que será ajena a sus decisiones cualquier motivación que contradiga las exigencias constitucionales y la aplicación objetiva de la ley.
El tribunal también se confesó "consciente" de la expectativa social que genera este proceso.

Datos

1 Gloria Cano, abogada de la parte civil en el juicio a Alberto Fujimori por violación a los derechos humanos, pidió que el Poder Judicial solicite al Departamento de Estado de los Estados Unidos una serie de documentos desclasificados sobre la creación del grupo paramilitar Colina.

2 Sostuvo que esa información es importante porque figurarían detalles de la relación de Fujimori con su ex asesor Vladimiro Montesinos, y la conformación del grupo Colina.

3 Los ex integrantes del grupo Colina Julio Chuqui Aguirre, Pedro Huertas Caballero, Federico Navarro, Isaac Paquiyauri, Alberto Pinto, Pedro Guillermo Supo, Aquilino Portella, estuvieron presentes durante el juicio.

4 También asistió el ex jefe de la Dirección del Ejército Luis Pérez Documet, el ex jefe de SIN Julio Salazar Monroe, el ex director de la PNP Antonio Ketín, y el ex vicepresidente de la República Máximo San Roman. Todos fueron citados para la próxima audiencia, al quedar suspendida.