Delegación de facultades

La delegación de facultades para legislar solicitada por el Poder Ejecutivo y concedida por el Congreso se enmarca dentro de lo prescrito por la Constitución. En consecuencia, es una medida político-jurídica democrática que tiene por finalidad agilizar la dación de decretos legislativos, con el objetivo de reorganizar y viabilizar el orden jurídico interno orientado a lograr la eficiencia y eficacia de una política de Estado que la administración gubernamental desea impulsar. En este contexto, la delegación concedida es específica para legislar sobre un solo tema en un lapso determinado y, lo más importante, que el Poder Legislativo puede revocar dichos decretos si los considera inconstitucionales, ilegales o no pertinentes para el progreso y desarrollo nacionales.
En concreto, se trata de implementar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos de América en los campos administrativo (político), económico y social, para hacer una administración más ágil, moderna, que pueda medirse por resultados y allane los caminos facilitando el desarrollo de una producción competitiva en calidad, cantidad y precios, así como los canales de comunicación bajo políticas de concertación de metas y estrategias de justicia social para que este tratado comercial repercuta positiva y exitosamente en la gran mayoría de peruanos.
Sin duda, estamos frente a políticas de Estado. Esto es más inversiones, más puestos de trabajo con mejores sueldos, salarios y condiciones de trabajo, incremento de producción y exportación de bienes contratados y, consecuentemente, aumento de ingresos al erario nacional que permitirá materializar mayor cantidad de proyectos de educación, salud, seguridad y recreación para los más necesitados.
Esta implementación del TLC con Estados Unidos, a su vez, servirá de base para los otros TLC que están en camino de aprobación como es el caso con Chile, o los que se están negociando con la Unión Europea y los países de Asia, tal como lo informó el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo Gálvez. De ahí que es justo y necesario formular la petición de delegación de facultades mencionada. Así lo han expresado destacados representantes de las más importantes organizaciones empresariales, gremiales y otras instituciones sociales, así como también políticos, economistas e intelectuales. En este orden de ideas es imprescindible que el Congreso conceda al Ejecutivo la delegación de facultades, en el caso de que la solicitara.

Tragedia en las pistas

Los accidentes de tránsito son cada día más preocupantes. No hay día en que uno abra el periódico y se encuentre con un titular que registra un espantoso accidente y, a veces, hasta dos y más choques o volcaduras con un saldo lamentable de muertos y heridos. Cosa que se repite constantemente a lo largo de las carreteras de la Costa y Sierra del país. Pero la caída de un ómnibus al abismo llevando escolares en un viaje soñado de promoción –acaecido la semana pasada– ha rebasado todos los límites.
Los accidentes de tránsito ocurren en todas partes, pero no en las proporciones que se registran en el país. En lo que va del año, según las estadísticas, ya han muerto alrededor de 800 personas en la red vial del interior. Es una cifra que impresiona, una cifra que estamos obligados a reducir cueste lo que cueste. En el problema están, de una u otra forma, involucrados todos los que tienen que ver con ese medio de transporte: empresas, autoridades del sector, Policía Nacional, conductores de los mastodontes de lata, muchos de ellos otrora camiones convertidos ahora en relucientes ómnibus, e incluso el público, que por apatía o indiferencia no denuncia el pésimo servicio de algunas empresas.
Para atenuar esta racha de accidentes de tránsito, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha creado planes y programas y para tener éxito en su campaña incluso un eslogan rotundo: Tolerancia Cero, pero los resultados no se han dado. Algo ha fallado o está fallando en su estrategia de atacar el problema. No vamos a decir que esto se puede arreglar de la noche a la mañana. La problemática del transporte peruano es bastante antigua. Lo malo es que cuando ocurre un grave accidente todos nos encrespamos, pero una vez pasada la escandalera todo queda en nada. Y así hasta el siguiente accidente...
Creo que el problema podría aminorarse, por lo pronto, poniendo más celo en el cumplimiento de la ley. En el país, las normas y reglamentos no se cumplen como es debido. Y en esto, la culpa la tienen algunas autoridades por ser demasiado tolerantes. El día que en el transporte interprovincial, que es el caso que nos ocupa, se haga respetar la ley y se sancione ejemplarmente a una empresa de mucho bombo que la quiebra, recién las cosas empezarán a mejorar en el transporte interprovincial. De eso estoy seguro.
Pero, por otro lado, está la obligación del MTC de redoblar esfuerzos para subsanar las deficiencias –algunas muy serias, como las de señalización– que existen a lo largo de los caminos del Perú. Cada deficiencia que se corrija ayudará a salvar vidas.
La última disposición del MTC es el uso obligatorio del cinturón de seguridad en los ómnibus interprovinciales. Por el momento se ha determinado su uso en las primeras cuatro filas de cada unidad. El ministerio ha advertido a las empresas de transporte que será inflexible con los ómnibus que incumplan esta disposición. Ómnibus que caiga en esa trasgresión será obligado a retornar a su lugar de base.
A los accidentes de tránsito se suman los constantes asaltos en el interior de los ómnibus interprovinciales. Hechos que se cometen sobre todo en horas de la noche, no solo en las carreteras más alejadas de la capital. Ante la racha de accidentes y asaltos, incluso es posible que muchas personas hayan optado por viajar menos, mientras las cosas no mejoren.
Es un problema como para no dormir tranquilo. Pero éste ya es un tema cuya responsabilidad el MTC debe compartir con el portafolio del Interior.