EN BÚSQUEDA DE LA EQUIDAD SOCIAL
Derechos indígenas
Gloria Ramos PrudencioCongresista
de la República (UPP)


Considero que es una obligación de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República dar a conocer la normativa que favorezca a los sectores más vulnerables. Nuestro país tiene una población conformada por descendientes de pueblos originarios o indígenas e inmigrantes de diversos orígenes. Esta complejidad social e histórica hace a nuestro país multicultural. Esta diversidad cultural es una riqueza de la Nación y de nuestro Estado, que debe constituirse en el recurso fundamental para la construcción de una sociedad cabalmente democrática y un desarrollo económico y social propio.


Se trata, por lo tanto, de legislar considerando esta realidad, lo cual obliga a cubrir este vacío, para que el Estado impulse acciones específicas destinadas a promover el desarrollo de las poblaciones indígenas, facilitando el ejercicio de su derecho de autonomía, para que sean conductores de sus propias culturas, de su forma de organización, de relacionarse con la naturaleza y de su mundo espiritual. De esta forma se facilitará, además, establecer relaciones interculturales fluidas y equitativas con el resto de la sociedad peruana, en términos de solidaridad y construcción de un futuro conjunto.


Ésa es la razón por la cual nuestra comisión, con el apoyo del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) y de Chirapaq, está facilitando el conocimiento y la comprensión de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada el 13 de setiembre de 2007 en la Asamblea General de las Naciones Unidas y que contó con el voto aprobatorio de 143 países, incluido el Perú. Esta declaración se ha elaborado en idiomas quechua, shipibo, asháninka y awajun, de tal manera que permita su conocimiento por parte de la población involucrada.


Es importante destacar que las legislaciones nacionales, por lo general, obvian o tergiversan los temas relacionados con las necesidades y situaciones específicas de los pueblos indígenas del país, donde es evidente que existen contradicciones entre un crecimiento macroeconómico sostenido por una parte y las condiciones de pobreza y extrema pobreza en la que se encuentra más de la mitad de la población, principalmente, de las comunidades rurales de la Sierra y de la Selva.


Los más altos índices de pobreza y los peores indicadores sociales en educación, empleo, salud, vivienda, mortalidad infantil y expectativa de vida afectan más gravemente a los hogares de las comunidades indígenas, por ello se requiere promover la igualdad de oportunidades, la participación social y política en el ámbito local, regional y nacional, e incluir en las políticas públicas el desarrollo de las poblaciones indígenas. Por ello, considero que esta publicación asume una importancia significativa porque nos permite conocer en nuestras lenguas originarias los derechos inherentes de los pueblos indígenas, que, además, sirven como herramienta para estimular el diálogo y la consulta con el fin de mejorar su situación.