UN PASO PROPIO DE ESTOS TIEMPOS
Hacia una nueva institucionalidad ambiental
Fernando Bravo Alarcón.
Sociólogo


El anuncio presidencial que propone la creación de un ministerio del Medio Ambiente ha generado diversas reacciones. Algunos advierten que la propuesta significará mayor gasto en burocracia; otros la interpretan como una reacción algo tardía del Estado, tras no pocos años de conflictos socioambientales. Pero también están quienes saludan la iniciativa, pues de esa forma el tema ambiental se legitima como asunto de interés público.


Sea como fuere, lo real es que la propuesta es un reconocimiento a la relevancia que adquieren las relaciones entre sociedad, poder, economía y condiciones ambientales, de mayor sensibilidad en las últimas décadas. En otras palabras, no se puede seguir minusvalorando el papel de las variables ambientales en la toma de decisiones públicas.


Una mirada rápida en la institucionalidad ambiental latinoamericana nos señala que en la actualidad la gran mayoría de países ha instituido ministerios del ambiente. Para solo señalar a los países limítrofes del Perú, todos poseen una autoridad ministerial del ambiente, aunque a veces compartida con otros subsectores conexos.


Por cierto, ello no significa que los avances en materia ambiental sean lo suficientemente auspiciosos: persisten los impactos en la salud pública ambiental, la degradación de bosques y entornos paisajísticos, fauna en extinción y abundan conflictos entre comunidades y empresas. Un ministerio del ambiente puede ser condición necesaria para mitigar impactos, pero no suficiente si carece de peso político, capacidades reguladoras y herramientas técnico-administrativas con fuerza aplicativa.


Los problemas ambientales del país hasta ahora habían sido administrados por un modelo “coordinador”; la idea sería pasar ahora a un modelo “concentrador” reforzado en sus atribuciones y competencias. Un modelo institucional “recargado”, para usar un adjetivo de moda. Los voceros de gobierno señalan que la iniciativa recoge la propuesta que la Defensoría del Pueblo venía haciendo desde hace algunos años, en relación con la recurrencia de conflictos socioambientales: la necesidad de instituir una autoridad ambiental autónoma, con credibilidad, poder de decisión y capacidades ejecutivas.


Se ha dicho que el nuevo ministerio deberá constituirse en una entidad eminentemente técnica e independiente de las decisiones políticas, en el entendido que lo ambiental es un tema técnico. Esta mirada olvida que los asuntos ambientales no son asuntos de implicancia técnica únicamente. Pensarlo así sería caer en una posición políticamente ingenua y en una mirada muy parcial del fenómeno ambiental.


Hay que aclarar que el medio ambiente no se reduce a una dimensión física: un problema ambiental puede tener una existencia física, objetiva; pero si no es socialmente percibido, será poco relevante en términos sociales. Por eso, el ambiente tiene que ser visto como una construcción social que se nutre de imágenes, símbolos y normas que las sociedades elaboran. Pero es también una construcción política en razón a que tales elaboraciones no son meramente ingenuas ni aspiran a ser neutrales; las mismas se hallan atravesadas y teñidas por relaciones de poder, ideologías e intereses.


La mejor prueba de ello es que no bastan las salidas técnicas para resolver los conflictos socioambientales en el Perú, como lo han demostrado varios casos. Muchos olvidan que estos conflictos condensan entramados de poder, creencias ancestrales y experiencias históricas donde “lo técnico” poco puede hacer por sí mismo. Así las cosas, se requiere una autoridad ambiental debidamente dotada que asuma una visión realista e integral del fenómeno ambiental.


Hay que decir, por último, que la propuesta del Poder Ejecutivo tiene al menos dos virtudes. En primer lugar, coloca el tema ambiental en la agenda pública y mediática, lo que contribuirá a un mayor conocimiento y sensibilidad ciudadana frente al tema. La otra fortaleza se refiere a que las decisiones que se adopten se harán en el más alto nivel político y se dispondrá de una línea de mando que no existe en el modelo coordinador.
Habrá que ver con detalle la visión, misión y capacidades de las que será revestida esta nueva cartera.