Silencio positivo
El “silencio administrativo”, interpretado de modo favorable para el administrado que efectúa un reclamo o una petición ante las autoridades, constituye un avance que muchos peruanos no comprenden aún en todos sus alcances. En verdad, si observamos la realidad con una perspectiva histórica, nos daremos cuenta de que se da un paso realmente revolucionario, pues se invierte la lógica con que funcionó nuestra administración pública desde los inicios de la República.
La lógica tradicional en el funcionamiento de nuestra administración pública se centraba en la idea de que el ciudadano reclamante necesitaba una respuesta positiva de la autoridad, y que mientras ésta no llegara su planteamiento no había sido aceptado y, por tanto, no había nada que hacer sino tan sólo esperar semanas, meses y a veces años o décadas. Así, los burócratas tenían, para decirlo vulgarmente, “la sartén por el mango”, en tanto que el sufrido ciudadano debía aguardar con una paciencia digna de Job.
Sin embargo, el cambio que comentamos pone plazo a los funcionarios y si transcurrido éste no hay respuesta, se entiende que ésta es positiva para el reclamante, es decir, que el reclamo es aceptado. Se han invertido los papeles, ahora el ciudadano verá que su planteamiento es aceptado sea ante la respuesta positiva o frente al “silencio administrativo”.
No será fácil la puesta en práctica de un cambio tan profundo como el mencionado: sabemos que una burocracia acostumbrada a proceder a base de una tradición y una racionalidad totalmente opuesta se sentirá en medio de una situación que le parecerá un sinsentido, y ello, en la práctica, generará problemas frente a casos concretos.
Pese a las previsibles dificultades y problemas que puedan producirse, creemos que era necesario avanzar en este aspecto, ya que si no sería imposible edificar una administración pública moderna, adaptada al siglo XXI y coherente con el proceso de crecimiento económico y modernización social que vivimos desde el primer lustro del presente milenio.
Tenemos que observar este cambio como uno de los pasos iniciales hacia la necesaria reforma y modernización del sector público.
El “silencio positivo” constituye un importante paso en la modernización del Estado y debe complementarse con una reforma del sector público.
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