Paz social


La paz social se sustenta en el más estricto respeto a la ley y está estrechamente relacionada con los niveles de desarrollo y cultura de los pueblos, vale decir, de cada uno de los ciudadanos, quienes, al igual que exigen el cumplimiento de sus derechos, también abogan por los de sus semejantes. Ello, sin duda, establece el orden social, que es fundamental y necesario para vivir en armonía, en derecho. Esto es, cumpliendo, todos por igual, el mandato de la norma jurídica dictada por el estado de derecho social y democrático, en su capacidad de ejercer plenamente el ius puniendi. En otras palabras, el verdadero sentido jurídico de lo que es y debe entenderse por orden público.


En este contexto, el orden jurídico democrático protege los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano –conocidos hoy como derechos humanos– en sus tres dimensiones: derechos civiles y políticos, derechos económicos y derechos sociales y culturales. Esto otorga al ser humano tanto derechos y libertades como deberes y responsabilidades. Es decir, por ejemplo, el ciudadano tiene derecho a reclamar, a exigir que se le atienda, que se le haga justicia, etcétera; empero, “no tiene derecho” –de ninguna manera– a bloquear vías de comunicación (carreteras, avenidas o calles), a tomar edificios e interrumpir servicios públicos, a impedir el libre tránsito de otros ciudadanos y, mucho menos, a destruir la propiedad tanto privada como pública, a secuestrar a autoridades que cumplen con su función legal y constitucional. Incurrir en ello, qué duda cabe, es ingresar en el mundo del delito, en la acción antijurídica que destruye la naturaleza y protección del derecho humano invocado. Y esto porque no hay ningún derecho que avale o proteja la violación de otro derecho. De ser así, viviríamos en el caos, en la anarquía.


De ahí que, con equivocada e ilegal sustentación, se ha manifestado que todo reclamo social trae consigo desmanes y violencia. Sin duda, esta bárbara afirmación se da con el afán de justificar los delitos cometidos en estos últimos días en la Región Moquegua. Esto resulta inaceptable, tanto de hecho como de derecho, ya que, definitivamente, la violencia, la perturbación de la paz, la inseguridad pública y la violación de la ley son actos rechazados por toda sociedad que busca vivir en orden y paz social, al amparo de la ley y la Constitución.