Desarrollo en Puno

Una vez más, el presidente de la República, Alan García Pérez, manifestó su vivo interés por el destino del departamento de Puno. Inquietud que aborda desde 1985, mediante su contribución tanto personal como en su condición de Jefe del Estado. Ha hecho cuanto ha podido o ha estado a su alcance para lograr los mayores beneficios para esta región surandina del país.
El martes pasado, inauguró la tercera etapa de la represa Lagunillas, rindiendo homenaje al campesino en su día. Esta obra permitirá incrementar la irrigación de miles de hectáreas, con lo que se desarrollará la agricultura en esta extensa zona. Ello incluye dos canales y una bocatoma. También puso en marcha un sistema eléctrico que beneficiará a 190 pueblos en las provincias de Azángaro, Lampa, Moho, San Antonio de Putina y Sandia.

En su discurso, García Pérez recordó la esperanza que tuvo y tiene en el pueblo de Puno. Para hablar solo de lo relacionado con el pasado reciente, rememoró que en 2006 los puneños le manifestaron que deseaban tener zona franca, que querían universidad para Juliaca, que se profundizara la regionalización y que la carretera Interoceánica Sur pasara por Puno. Sin escatimar esfuerzo alguno, el Dignatario hizo las coordinaciones políticas y logró que la zona franca fuera concedida, que se creara la universidad, que se consolide la regionalización y, finalmente, que la Interoceánica Sur cruce esta vasta región.
Los dos primeros objetivos logrados han sido abandonados o frustrados por la desidia o apatía de otras autoridades que no van al ritmo de progreso del Gobierno Central y que, en consecuencia, no satisfacen plenamente los deseos de su pueblo. No funcionan la zona franca ni la universidad de Juliaca. El Presidente hizo mención a esta situación de pesimismo y permisividad de los puneños ante lo que sus autoridades regionales y distritales dejan de hacer.

Los dos objetivos restantes siguen a toda marcha, viento a popa, porque así lo exigen la modernidad, la globalización y el compromiso político adquirido por García cuando fue candidato a la presidencia de la República.
En este contexto, por un lado, la regionalización es irreversible. En tal sentido, las regiones cuentan hoy con inmensos ingresos económicos por canon y regalías, que pueden resumirse en la fórmula dos por uno. Esto es, de cada tres nuevos soles, dos son para la región y uno para el Gobierno Central. Qué duda cabe, entonces, que con estos grandes montos de dinero pueden realizar proyectos de inversión pública; empero, lastimosamente, no son emprendidos o concretados eficiente y eficazmente. Por otro lado, la carretera Interoceánica Sur sigue avanzando y quedará concluida al término de este gobierno.

Pensando más en el trabajador
Legislación laboral

La Ley N° 29245, que regula de manera especial y particular los servicios de tercerización, se publicó el 24 de este mes. Sobre ella tenemos algunos alcances.
El primero está referido a la solidaridad de la empresa contratante en relación con el incumplimiento en el pago de los beneficios sociales de los trabajadores de la empresa contratista. Entendemos que la empresa contratante será solidariamente responsable por el pago de los derechos laborales y por las obligaciones de seguridad social devengados por el tiempo en que el trabajador estuvo desplazado.
Esta exigencia tiene como corolario que la empresa contratante tendrá que asumir los pasivos laborales producto de relaciones que le son completamente ajenas. Con ello, queda clara la intención del legislador de otorgar una elevada protección a cierto grupo de trabajadores, lo cual, sin duda, incrementará una serie de sobrecostos y riesgos para la empresa contratante.

Con la entrada en vigencia de esta ley, las empresas contratantes tendrán que ser sumamente precavidas al momento de descentralizar sus actividades: la revisión o examen constante de las planillas de trabajadores de la empresa contratista, la evaluación del cumplimiento del pago de beneficios sociales, la emisión de cartas fianzas a favor de las empresas contratantes con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales, etcétera. Ello generará el incremento de los sobrecostos mencionados, los cuales no son propios a la tercerización de servicios.
Recordemos que la empresa contratista debe brindar sus servicios asumiendo los riesgos propios de la actividad, con sus propios recursos financieros, técnicos y materiales, y ejerciendo su poder de dirección frente a sus propios trabajadores. Si nos encontramos ante este escenario, en el que no existe una desnaturalización de la figura contractual que implique una simple provisión de trabajadores subordinados a la empresa contratante, una confusión de accionariado, o en términos generales, en el que no existen elementos que determinen una tercerización completamente fraudulenta, regular o plantear la solidaridad para efectos de la tercerización de servicios, sería tan solo –a nuestro juicio– un desaliento para aquellas empresas que buscan ser eficientes y que desean generar mayor competitividad.

Asimismo, debemos observar que una fiscalización o supervisión por parte de la empresa contratante en relación con el cumplimiento de las obligaciones laborales de la empresa contratista no tendría estímulo o incentivo, toda vez que ante un eventual incumplimiento de la empresa contratista, bajo cualquier circunstancia, tendría que asumir responsabilidades que le son ajenas.
Por último, consideramos innecesario trasladar la responsabilidad de inspección y control a la empresa contratante cuando el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tiene, entre otras obligaciones y gestiones fundamentales, la fiscalización y supervisión del cumplimiento de las obligaciones laborales vía inspectores de trabajo.
Por el contrario, creemos que un adecuado y efectivo control por parte de éstos tendría los mismos resultados que busca la ley comentada, sin obstaculizar de modo alguno las actividades de las empresas que buscan ser competitivas y eficientes en una economía moderna.