Paro sin violencia

El secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Mario Huamán, se ha comprometido a que el paro general convocado por su central sindical para mañana será pacífico, ordenado y se respetará el derecho a trabajar de aquellos que lo desean ejercer. Así lo manifestó ante las cámaras y micro de RPP, en el debate sostenido con el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo Gálvez, moderado por el reconocido periodista Raúl Vargas.

Si ello se cumple, tendríamos que reconocer que los grupos radicales de la CGTP también han avanzado, se han modernizado y serían más responsables con su liderazgo y su propia realidad. En primer lugar, porque en democracia y en una economía que crece cada día, los paros y las huelgas traen consigo más pobreza y hambre a los trabajadores, al perder su pago dominical y otros ingresos. En segundo, porque estas medidas de fuerza son innecesarias cuando existe el camino del diálogo y la concertación para llegar a soluciones satisfactorias para las partes. Y, finalmente, porque estarían tomando conciencia de que en un Estado democrático y social de derecho, al igual que se respeta el derecho a reclamar, deben respetarse otros derechos fundamentales de los ciudadanos, como al orden, a la paz y tranquilidad sociales, a trabajar si uno no desea acatar paros y huelgas que considera políticos y que no responden a una justa reivindicación sociolaboral.

En esto último queremos incidir. Es positivo que el señor Huamán se haya comprometido a realizar el paro sin violencia, pacíficamente; empero ha advertido que no se responsabiliza por los “infiltrados”. Cabe, entonces, preguntarse: ¿quién tendría que controlar a éstos?, más aún cuando ellos son los autores de los desmanes, de las violencias y, consecuentemente, de los delitos que acarrean esa conducta.
Creemos, en principio, que la tarea recae en la propia CGTP, que debe organizar sus piquetes de orden y vigilancia con el fin de que sus miembros no caigan o se dejen llevar por los infiltrados, con lo cual se evitarían las provocaciones, no se produciría represión alguna y, verdaderamente, el paro sería pacífico. La otra pregunta sería: ¿le harán caso a Huamán? Por el bien de todos, ojalá que sí.

Un Estado democrático, constitucional y social de derecho tiene que prever la seguridad pública y ciudadana, garantizar el orden, la paz y tranquilidad de la población, la cual constituye la mayoría nacional y exige del Gobierno que haga cumplir la ley, esto es, el derecho, que, sin duda, “es el conjunto de normas de control social y sanción por el incumplimiento de las mismas por parte de la sociedad”. Para ello, habrá un amplio despliegue policial. Todo está en que la CGTP controle a sus “infiltrados” y evite los desmanes para que no haya violencia ni represión.