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editorial

Democracia y Constitución

El Estado peruano requiere fortalecer su democracia para que su pueblo disfrute y viva “en” Constitución. Los peruanos estamos ad portas de celebrar el 187° aniversario de nuestra independencia nacional y, como nación libre y autónoma, nuestros abuelos se decidieron por el sistema de gobierno basado en dos instituciones: república y democracia. Junto con esta escogencia, hubo la necesidad de dictar la ley fundamental que rigiera la vida jurídica, política, económica y social entre los peruanos. Así nació la primera Constitución que registra nuestra historia republicana.

Los padres de la patria aprobaron esta primera Carta en 1823. Desde entonces a la fecha, diversos congresos y asambleas constituyentes han dictado once constituciones más; a saber, las de 1826, 1828, 1834, 1839, 1856, 1860, 1867, 1920, 1933, 1979 y 1993. Esto es que en 160 años (1823-1993) el Perú registra estas leyes fundamentales que han tenido relativa vigencia en el quehacer nacional. En verdad, más que el valor de la Constitución, siempre imperó la voluntad del caudillo, tanto militar como civil. Con relación a este último, solo cuando tuvo respaldo del primero.

¿Qué sucedió, entonces? Que los peruanos quizá no hemos aprendido a vivir “en” Constitución, vale decir, que ella no ha estado “en” nosotros ni nosotros “en” ella. En algunos períodos constitucionales y democráticos solo hemos llegado a convivir “con” ella “a su lado”; y la hemos puesto al costado, al rincón o atrás, cuando no nos ha convenido o conviene, y dificulta la realización de nuestros caprichos y, con mayor razón, nuestras ilicitudes.

No es democrático desconocer, ignorar o pasar por alto las normas constitucionales. Una democracia es sólida y fuerte cuando se respeta, por encima de todo, el mandato de la ley fundamental, a la cual, por extensión y analogía, también la denominamos Carta Magna. Ésta, en definitiva, establece el orden jurídico de un Estado, herramienta fundamental con que cuenta el Gobierno o la administración del Estado.

De ahí que no es democrático ni constitucional afirmar o hablar de copamiento o control total de los poderes e instituciones del Estado por tal o cual partido político. Ello conduce a la desconfianza del pueblo. Lo que hay que hacer es respetar e imponer las reglas del quehacer democrático sustentadas en la Constitución y las leyes. Es más, si es necesario e inevitable hay que luchar por este imperio, si queremos aprender a vivir “en” democracia y “en” Constitución.

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