Justicia a pensionistas

Fue acertada la decisión del presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo Gálvez, asesorado por la ministra de Justicia, Rosario Fernández, en el sentido de acordar con la Confederación Nacional de Pensionistas y Jubilados del Perú, presidida por Jorge Salazar, que la Oficina de Normalización Previsional (ONP) se allane en más o menos 50 mil procesos incoados por pensionistas, en los cuales los demandantes tienen la razón, considerando la cantidad y calidad de las pruebas que sustentan sus pretensiones.
En verdad, no solo es una medida justa, sino que traerá una serie de consecuencias muy positivas para el Estado, para el Gobierno, para los organismos comprometidos en reconocer tanto los derechos previsionales como para los encargados de impartir justicia y otorgar el legítimo y debido derecho cuestionado o negado administrativamente.
En efecto, en el concierto de la comunidad internacional, el Estado peruano se reivindicará al hacer justicia a quienes aportaron lo mejor de sí durante muchos años –tanto sus esfuerzos personales como sus cotizaciones–, con el fin de crecer junto con el Perú y ver el desarrollo del país para tener una nación digna de entregar en herencia a sus hijos y nietos. Asimismo, los integrantes de este numeroso gremio tomarán conciencia de que el presidente de la República, Alan García Pérez, y su gobierno cumplieron con sus ofrecimientos para con ellos –miles de hombres y mujeres–, quienes estaban perdiendo la fe en el Estado, en el Gobierno, en la justicia y en un Dios hacedor de lo bueno y lo malo que siempre premia a los que le siguen en lo primero y perdona o castiga a quienes se adhieren a lo segundo.
Así también, en este contexto, tanto la ONP como el Poder Judicial podrán mejorar la eficiencia y eficacia del servicio público que prestan, habida cuenta de que disminuirá ostensiblemente la carga procesal que ambos organismos llevaban a cuestas. Es más, la ONP y el Estado harán un considerable ahorro al no tener que pagar costosos honorarios a diferentes estudios de abogados que se han caracterizado, algunos por su ineficiencia y otros por su inhumanidad, por negar legítimos derechos de los pensionistas y los jubilados.
No obstante lo apuntado, somos conscientes de que su papel de estos estudios en la dialéctica jurídica no tenía otra opción, ya que les tocaba defender a rajatabla los intereses de la ONP, debido a la responsabilidad del éxito o fracaso del proceso y, asimismo, el celo puesto por este organismo orientado en la misma dirección por razones de control interno o las acciones de la Contraloría General de la República, de acuerdo con el mandato de una trasnochada y anticuada legislación positivista. Ante estos obstáculos, afortunadamente, más han podido la razón y la justicia.