Incólumes la dignidad y el honor nacionales


La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) dictó la sentencia aclaratoria sobre un fallo suyo que había originado confusión en la interpretación sobre el homenaje público a las víctimas de la matanza en el penal Miguel Castro Castro y el pago de indemnizaciones a los deudos de éstas. Ello fue consecuencia de un amotinamiento de los reclusos encabezados y estimulados por algunos dirigentes terroristas pertenecientes a Sendero Luminoso, del 6 al 9 de mayo de 1992, quienes no aceptaron deponer sus acciones violentas e ilegales dentro de la cárcel.
De ahí que con un verdadero criterio de justicia, el fallo de interpretación establece que es potestad del Estado peruano aplicar el pago de las indemnizaciones y el reconocimiento señalado en la sentencia original, de acuerdo con su orden jurídico interno. De esta manera, el Gobierno establecerá la forma y condiciones para su materialización. En otras palabras, queda claro que es facultad del Estado –léase pueblo– considerar de manera específica la modalidad y circunstancias de cómo cumplirá con el mandato de la Corte-IDH.


Con este resultado, sin duda, “el Perú ganó la batalla contra los terroristas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, tal como lo declaró el canciller de la República, José Antonio García Belaunde. Y esto es tan cierto que, además, el fallo es una condena clara a Sendero Luminoso como el mayor perpetrador de las violaciones de derechos humanos en el país “sin ningún atenuante”.
En este contexto, la dignidad y el honor nacionales han quedado incólumes habida cuenta que, en verdad, la confusa sentencia original de la Corte-IDH otorgaba derechos y beneficios indebidos a delincuentes violadores de los derechos humanos. Ahora, oportunamente, se hace una justa y debida interpretación que respeta el amor propio del pueblo peruano.
Lamentablemente, la sentencia original fue aprovechada por algunas ONG defensoras de “los derechos humanos de los terroristas víctimas”, y se sintieron triunfantes con ella, que –quiérase o no– favorecía a la equivocada causa de quienes ayer –pensamos de buena fe, que hoy ya no– fueron activos terroristas con el apoyo o consentimiento de sus propios parientes y allegados, por no llamarlos cómplices.


Por ello, el triunfo de ahora es del Perú y de todos los peruanos, puesto que no íbamos a permitir que se abone en circulante millonarias indemnizaciones individuales y, menos aún, que se le rinda homenaje público a quienes destruyeron la infraestructura de la Nación (basta recordar las centenas de voladuras de torres de transmisión de energía eléctrica, puentes, edificaciones públicas y privadas, etcétera, por un monto superior a los 20 mil millones de dólares) y, sobre todo, que enlutaron a miles de humildes e inocentes familias peruanas. El Gobierno cumplirá con indemnizar a los deudos con servicios públicos de salud, educación, entre otros, pero, de ninguna manera, con dinero en efectivo, porque, en verdad, ellos fueron más victimarios que víctimas.