Violencia terrorista en el Perú

Debe quedar muy claro cuál es el contenido y cómo debe estar redactado el mismo en los textos escolares de la asignatura de Ciencias Sociales, en la parte correspondiente a la historia del Perú, al tratar la violencia terrorista en nuestro país.
Es verdad que la historia es una ciencia social y que hoy se acepta la historia científica y se rechaza la historia literaria. La primera sirve para analizar e interpretar los hechos históricos (realidad) en función a sus causas y consecuencias e impacto producido en la sociedad y en el tiempo y espacio históricos; en suma, es la historia social, donde el pueblo es gestor de su propia historia (existencia). Esta es la nueva historia que ha desplazado a la vieja historia. En efecto, la segunda es, justamente, la antigua historia que se basaba en la narración literaria y en la descripción romántica, máxime, preñada de historicismo y etnocentrismo. Es pues, la historia de los grandes héroes o superhombres hacedores de la historia de los pueblos, siendo ellos los factotums del presente y futuro del pueblo.
Escribir historia dentro del nuevo contexto científico implica honestidad e integridad del historiador, formación ética y moral para interpretar, analizar y criticar la realidad, donde debe primar en esencia la mayor objetividad posible, lo cual, de por sí es bastante difícil, habida cuenta que el hombre no es ni puede ser totalmente aséptico (cien por ciento) frente a las influencias políticas, ideológicas, económicas y sociales. Empero, el historiador profesional trata de acercarse lo más que pueda a este nivel científico que exige y demanda el imperio de la verdad. Esto es lo que ha faltado en quienes escribieron los textos sobre la violencia terrorista en el Perú y que han sido –con mucha razón– cuestionados por la congresista y maestra Mercedes Cabanillas.
En este contexto, no se puede ignorar, distorsionar, dejar de mencionar que los delincuentes terroristas en el lapso de 1980-2000 destruyeron infraestructura del Estado-nación –léase pueblo– por un monto superior a los 25 mil millones de dólares, incluyendo miles de torres de transmisión de energía eléctrica de alta tensión, puentes, carreteras, caminos, edificios públicos y privados, etcétera. Que fueron ellos los que iniciaron esta fratricida lucha amparados en la violencia anónima, sanguinaria y cruel sembrando terror con el propósito de desestabilizar al gobierno democrático y constitucional para ello apoderarse del poder. Querían justificar sus fechorías e ilícitos en la situación de pobreza y extrema pobreza en que vivía más del cincuenta por ciento de la población, principalmente, la andina, a la que quisieron enrolar en la lucha armada y orgía de sangre y dolor. Afortunadamente, fue el propio pueblo indígena el que se dio cuenta que los terroristas querían usarlo en una equivocada lucha que terminaría perjudicándolo más que beneficiarlo. Fue el pueblo –rondas campesinas y comuneros– el que con el apoyo de las fuerzas del orden derrotó al terrorismo y a la violencia en el país.
Mientras que las acciones de terror se caracterizaron por ser excesivas y sistemáticas, las fuerzas del orden actuaron generalmente de acuerdo con la ley y si hubo excesos, éstos fueron aislados y no generalizados. Sin duda, en un Estado democrático y social de Derecho nada justifica la violencia; empero, no se puede dejar de reconocer y rendir homenaje a los soldados y policías que dieron sus vidas para que nosotros sigamos viviendo.