Desterrando la discriminación racial

El Estado peruano otorga especial importancia al cumplimiento de las obligaciones internacionales, máxime, si se trata de un tema fundamental como los derechos humanos. En este contexto, el Perú participó en la reunión del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de las Organización de las Naciones Unidas (ONU), llevada a cabo en Ginebra (Suiza). La delegación peruana estuvo presidida por el ministro de Justicia, Aurelio Pastor Valdivieso, quien recordó las acciones que realiza el gobierno del presidente Alan García Pérez, para desterrar la discriminación contra cualquier grupo racial en el país.

Las obligaciones contenidas en la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial son un referente importante al momento de establecer las prioridades, políticas y programas del Estado peruano para luchar contra la pobreza. Por ello, los esfuerzos actuales están dirigidos, justamente, a cambiar esta difícil y longeva situación de pobreza que aqueja, de manera singular, a los pueblos indígenas de los Andes y de la Amazonía, así como a la población afroperuana.

En este orden de ideas, cabe mencionar que en los últimos años, gracias a políticas públicas continuadas, se redujo la pobreza del Perú en más de 18 puntos porcentuales. Y se confía en poder disminuirla aun más, llegando al 30%. Es evidente que la política de lucha contra la pobreza se realiza con el enfoque de la inclusión; es decir, se trata de una lucha frontal contra la discriminación y la marginación.

En los años más recientes, las autoridades y las principales fuerzas políticas del país elaboraron un documento base para la consolidación de la democracia y la afirmación de la identidad nacional denominado Acuerdo Nacional (AN). En la 11ª política de Estado, contenida en dicho acuerdo, se estipula el compromiso de éste y los futuros gobiernos de dar prioridad efectiva a la promoción de igualdad de oportunidades. De igual modo, se han establecido políticas y cambios institucionales relevantes en materia de derechos humanos, muchos de los cuales se sustentan en las obligaciones internacionales que asumió el Perú ante el sistema universal de promoción y protección de los derechos humanos.

En suma, hoy, la vigencia de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el Perú resulta más evidente que nunca. La legislación internacional y nacional está promulgada y el Gobierno se empeña en brindarle pleno cumplimiento. Sin embargo, hay que señalar con sinceridad y objetividad políticas que aún quedan obstáculos por vencer para el logro de la consolidación definitiva y absoluta de los derechos humanos en el país, fundamentalmente, porque –en verdad– lo que falta es crear conciencia colectiva en la sociedad peruana de que los derechos humanos se deben respetar y proteger en provecho de todos.