La exclusión actual de los pueblos y las comunidades indígenas en el Perú corresponde al tratamiento histórico que se les ha otorgado en toda nuestra historia republicana. Una historia de permanente despojo y violación de sus derechos. Por eso, diversos estudios señalan a las comunidades campesinas y nativas como el sector de mayor pobreza y exclusión en el país, lo cual ha implicado su poca participación en la sociedad y la restricción en el ejercicio de sus derechos.
En la actualidad, no se garantiza la seguridad jurídica de los territorios indígenas: aproximadamente 90 comunidades nativas no cuentan con títulos de propiedad y tres mil 431carecen de un respaldo sobre sus tierras tradicionales, haciéndose evidente la vulnerabilidad jurídica de sus territorios. Una adecuada protección legal de los territorios requiere de una nueva forma de relación del Estado y la sociedad con estos pueblos. Ello supone reconocer la relación con su territorio como base fundamental de su existencia como individuos y poblaciones, para lo cual se debe garantizar la integridad de la propiedad y la posesión de los territorios que tradicionalmente ocupan.
También implica resolver de manera urgente los problemas de demarcación, titulación, saneamiento legal, conflictos territoriales y concesiones forestales en territorios de comunidades.
Amenaza a los territorios indígenas
En el Perú, las concesiones de grandes extensiones de bosques para la explotación maderera se encuentran reguladas por la Ley Forestal Nº 27308.
Pese a que diariamente se deforestan 725 hectáreas de bosques y hasta 2000 unas 9.5 millones de hectáreas, se continúa otorgando en concesión forestal grandes extensiones, tanto en los bosques de libre disponibilidad como en los bosques nacionales, bajo la modalidad de contratos de exploración y evaluación forestal, sin que existan mecanismos efectivos de control. Incluso se han otorgado concesiones sobre tierras comunales que cuentan con títulos de propiedad, como ha ocurrido con los cashibo-cacataibos, ubicados en la provincia de Padre Abad. Del mismo modo, los madereros ilegales continúan –sin control alguno– invadiendo los territorios de los pueblos en aislamiento, afectando sus derechos, que se encuentran en un mayor estado de vulnerabilidad.
Es de resaltar que los procesos de licitación de las concesiones forestales se han realizando sin que medie consulta previa a los pueblos indígenas, como se establece en el Convenio 169 de la OIT, y recurriendo muchas veces a la manipulación, corrupción y violencia. Algunos investigadores afirman que la política forestal no conoce y da la espalda a los usos y las costumbres de los pueblos indígenas sobre manejo, conservación y empleo de bosques.
Invasiones
El inconveniente de las invasiones en las diversas regiones amazónicas por parte de colonos se ha incrementando en los últimos años debido a los procesos migratorios de los Andes a la Selva. Los pueblos indígenas son seriamente afectados por esta problemática. Para mencionar algunos: el caso de las comunidades asháninka del distrito de Río Tambo y Perené, en la provincia de Satipo, Región Junín; y las comunidades aguarunas de la zona de Alto Mayo, Región San Martín, entre otras.
Algo no encarado es la ocupación ilegal de territorios de indígenas por colonos.
Muchas de las invasiones se producen porque las autoridades administrativas siguen otorgando certificados de posesión a colonos, en tierras tituladas o con solicitudes de ampliación. Esto se debe, fundamentalmente, a que no existen criterios técnicos para determinar la superficie del territorio que debe ser asignado a las comunidades y no hay un ordenamiento territorial que determine cuáles son las zonas tituladas a favor de ellas.
Actualmente, solicitar ampliación del territorio es complejo e inaccesible, no sólo por los difíciles trámites administrativos, sino porque hay obstáculos legales como las concesiones forestales, invasiones, entre otros.
Hidrocarburos
Los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos se realizan sin promover consulta alguna con las poblaciones locales, antes del otorgamiento de las concesiones, violando expresamente el Convenio 169 de la OIT. Asimismo, los estudios de impacto ambiental se elaboran sin información previa, consulta ni participación de las comunidades campesinas y nativas.
El proyecto Camisea, que en agosto de 2004 dio inicio a la puesta en operación comercial del sistema de distribución de gas en Lima y Callao, es una de las más grandes producciones de gas de América; sin embargo, las organizaciones indígenas y sociales han manifestado su discrepancia en la forma como se lleva a cabo la ejecución del proyecto. No se han respetado los derechos ni la seguridad ambiental, social y cultural, especialmente de los pueblos indígenas, grupos vulnerables en aislamiento y poblaciones que se encuentran en dicha zona.
Ante los procesos de globalización mundial y sus desafíos –cada vez más grandes para los pueblos indígenas– se debe reconocer que su patrimonio sociocultural presenta no sólo una oportunidad para mejorar su calidad de vida, sino que constituye una oportunidad para enriquecer mediante procesos interculturales la articulación de las sociedades y economías locales con sus pares, cada vez más globalizados, de América Latina y el mundo.
Asimismo, la actual reforma del Estado en marcha debe pasar por construir un nuevo tipo de articulación entre sujetos de derecho, que favorezca la redistribución, la solidaridad y la interculturalidad. Esto supone la edificación de un país que se reconozca positivamente como de muchas etnias, multicultural y plurilingüe.
Tal reconocimiento es la base para la superación de las prácticas de discriminación que subyacen a las múltiples discordias de nuestra historia republicana.
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