Tipo de cambio:

Compra: 3.302

Venta: 3.306


Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad
MIÉRCOLES 26

de junio de 2019

PANAMERICANOS

26 JUL AL 11 AGO

PARAPANAMERICANOS

21 AGO AL 01 SEP

CARLOS RAMOS NÚÑEZ. MIEMBRO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

“Se eliminan restricciones a la tutela de derechos de las personas trans”

Entrevista. Los pedidos relacionados con el cambio de nombre y de sexo podrá tramitarlos el juez civil en vía sumarísima, por tener carácter de urgencia, afirmó el magistrado al comentar el alcance de la STC Nº 06040-2015-PA/TC sobre las personas trans.

10/11/2016


María Avalos Cisneros mavalos@editoraperu.com.pe

¿Cuál es el impacto de la nueva línea jurisprudencial adoptado por el Tribunal Constitucional (TC) en materia de identidad sexual y los derechos de las personas transgénero?

–La reciente doctrina jurisprudencial, al apartarse de lo resuelto en la STC Nº 0139-2013-PA/TC, permite que los jueces no se vean sometidos a interpretaciones pétreas e inamovibles del derecho a la identidad personal. Es necesario recordar que, de conformidad con el Código Procesal Constitucional, los jueces deben tomar en consideración, al momento de resolver una controversia, las sentencias que pueda emitir el TC. De hecho, ese fue el motivo por el cual, en la vía judicial, distintos pedidos vinculados con el cambio de sexo en los documentos de identidad fueran rechazados. Ello constituía, en realidad, limitar severamente el acceso a la administración de justicia, que en un Estado constitucional resulta intolerable.

–¿Ahora qué pretenden?

–Bueno que la Judicatura pueda tomar en cuenta las recientes tendencias existentes a nivel internacional a favor de las personas que buscan el reconocimiento de su identidad de género y que no se vea sometida, de manera mecánica, a una sentencia, aunque esta sea del máximo intérprete de la Constitución, al menos en lo que se relaciona con los progresos existentes respecto del reconocimiento y ejercicio de los derechos.

–A partir de esta decisión, ¿cuáles serán las reglas procesales que regirán para el cambio de nombre y sexo de las personas trans?

–La idea es que, como se exige en cualquier Estado constitucional, sean los miembros del Poder Judicial los que se configuren como los protectores de los derechos fundamentales. Serán los tribunales ordinarios los llamados a determinar las condiciones. 

Es preciso recordar que los procesos constitucionales, en especial el amparo, tienen el carácter de ser céleres y de urgencia. En la STC Nº 02383-2013-PA ya hemos fijado que, en principio, son los órganos jurisdiccionales los que deben conocer de posibles violaciones a los derechos que la Constitución reconoce. 

Nuestra labor, si se quiere, es de carácter subsidiario, ya que solo intervenimos cuando, en el desarrollo de un proceso, no existe una tutela adecuada, o procedimientos regulados para que las personas puedan obtener justicia.

-¿La vía será sumarísima?

-Así es, el Tribunal ha planteado que, por la urgencia de estos casos, los pedidos relacionados con el cambio de sexo sean tramitados en el marco del proceso sumarísimo. No olvidemos que en la práctica de la justicia civil ordinaria, desde el 2007, ya se reconocía el cambio de sexo.

-Con esto, ¿el TC abandona la llamada doctrina de la indisponibilidad del sexo y que el transexualismo era un trastorno mental?

–Lo que hace es reconocer una tendencia que, al parecer, es irreversible, y que se encuentra vigente en los pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en distintos órganos de las Naciones Unidas. También en el derecho comparado encontramos distintos pronunciamientos interesantes de altas cortes. 

Nuestra labor es contribuir a la administración de justicia, y no a obstruirla. En ese sentido, la Judicatura no tiene por qué estar obligada a estimar que el transexualismo es una patología. Si los pronunciamientos del Tribunal fuesen inmodificables en relación con lo que respecta a la interpretación de derechos, incluso algunos podrían atreverse a sostener que la homosexualidad es una enfermedad. 

Nuestra labor, como magistrados, radica en encontrar sentidos interpretativos de los derechos que los hagan compatibles con las circunstancias actuales. Lo contrario sería ser parte de un positivismo decimonónico que es incompatible con el sistema de valores que la Constitución garantiza.

“Se debe reconocer avancesa favor de esta comunidad”

–¿Por qué este cambio jurisprudencial y ahora qué derechos les son reconocidos a favor de las personas trans?

En principio se negaba a cierto grupo de personas el acceso a la administración de justicia. No se permitía a los jueces ni siquiera pronunciarse. Es cierto que quedaba la opción del control convencional. Por la existencia de doctrina jurisprudencial que petrifica el contenido del derecho a la identidad personal, lo que suponía, de cierta forma, una forma de vulneración del derecho a la tutela procesal efectiva. No le corresponde al TC determinar si tienen un contenido definitivo y concluyente, ya que muchas veces los avances de la ciencia o el cambio mismo al que se ven expuestos las sociedades obligan a reconocer ámbitos en el ejercicio de los derechos que antes no se hubieran pensado. Imaginemos, por ejemplo, que la Corte Suprema de Estados Unidos hubiese mantenido la doctrina de “separados, pero iguales”. 

Esto hubiera supuesto una seria restricción al verdadero alcance del principio de igualdad. Si un alto tribunal de justicia no permite tomar en cuenta esta evolución, lo que está haciendo, en los hechos, es juzgar con pensamientos que, tranquilamente, pueden remontarse a 50 años atrás. En la nueva doctrina jurisprudencial, el Tribunal insta a los órganos del Poder Judicial a que reconozcan los avances que, en el marco de los pronunciamientos de distintos organismos internacionales, se han dado a favor de la comunidad trans.

 Esto supone que cuestiones como los alcances del derecho a la identidad personal, en especial lo concerniente a la identidad de género, no sean dejados de lado por una mecánica y acrítica interpretación de los derechos.

Matrimonio gay

El magistrado Carlos Ramos Núñez rechazó que el hecho de reconocer el derecho a la identidad personal y su conexión con el sexo como parte fundamental no son estáticos ni inamovibles, sea una puerta abierta para reconocer el matrimonio gay.

“En este caso se ha hecho referencia a la identidad personal, en particular lo que es la identidad de género”, aseguró el magistrado y director del Centro de Estudios Constitucionales de este tribunal.

Mientras que, agregó, una cuestión distinta es la orientación sexual. “Son conceptos que se mantienen en ambientes distintos. Nuestro pronunciamiento respecto a la STC 06040-2015-PA/TC no se extiende a esos supuestos, ya que no han sido planteados”.