Tipo de cambio:

Compra: 3.233

Venta: 3.238


Año del Buen Servicio al Ciudadano
LUNES 11

de diciembre de 2017

JUSTICIA

Aumento de presupuesto al Poder Judicial

Mucha expectativa viene causando en predios judiciales la pronta aprobación por parte del Congreso de la República del nuevo Presupuesto General asignado para el Poder Judicial para el período 2018.

28/11/2017


Edhín Campos Barranzuela

Juez Superior Titular de la Sala Penal Nacional




En efecto, su presidente, Duberli Rodriguez Tineo, viene afirmando que la asignación del actual presupuesto es ínfimo y no alcanza para cubrir las prioritarias necesidades del servicio de administración de justicia.

La carga asignada en el Poder Judicial hasta fin de año es de 2 millones 516,889 expedientes, de los cuales solo 1 millón 375,000 podrán ser resueltos, lo que representa el 55% de la carga procesal general, y mientras que 1 millón 141,607 procesos judiciales quedarán sin atenderse en el presente año, lo que representa el 45% de la carga procesal.

El juez supremo Titular Francisco Távara ha señalado que la cantidad asignada al Poder Judicial cada año resulta insuficiente para cumplir con todas las expectativas judiciales.

Es por ello que se viene planteando la aprobación del Proyecto de Ley que fije en un porcentaje no menor del 4% del Presupuesto General de la República al PJ, pero para ello hay que modificar el artículo 145 de la Constitución Política del Estado, a fin de que la judicatura goce de autonomía en la elaboración presupuestal, tal como ocurre con el Poder Ejecutivo y Poder Legislativo.

No hay que perder de vista que el PJ en materia presupuestaria siempre ha sido la cenicienta en la administración pública y jamás su presupuesto general ha sobrepasado el 2%, por lo que esta situación ha generado aumento en la carga procesal y los más de tres mil magistrados no pueden darse abasto para resolver todas las causas.

Se necesita aumentar el presupuesto para atender de manera urgente la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, en los distritos judiciales donde aún funciona el vetusto Código de Procedimientos Penales de 1940, y así la lucha contra la inseguridad ciudadana sea más eficaz.

También, para poner en vigencia a nivel nacional la Nueva Ley Procesal del Trabajo y así los procesos laborales sean más rápidos y predecibles.

Otra tarea pendiente es poner en funcionamiento a nivel nacional el Expediente Judicial Electrónico, con el fin de que la justicia sea más rápida, predecible y oportuna.

Este aumento servirá para crear más órganos jurisdiccionales en materia penal, en procesos inmediatos, de flagrancia y anticorrupción, además en materia civil –familia, contencioso-administrativo, laboral, comercial, tributario, etcétera, y ofrecer un oportuno de servicio de justicia.

Asimismo, hay que incrementar de manera urgente las remuneraciones de todo el personal jurisdiccional y administrativo, tantos años postergado, para equiparalos a los sueldos de los otros funcionarios del Sistema Nacional de Justicia. Un mejor presupuesto aligerará la carga procesal, se evitará la lentitud de la mora procesal, se brindará un mejor servicio de justicia al país y aumentará la confiabilidad en la institución judicial.