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Año del Buen Servicio al Ciudadano
SÁBADO 16

de diciembre de 2017

DERECHO

Justicia para personas con vulnerabilidad

El Presidente de la comisión encargada de revisar y proponer mejoras al Código Procesal Civil, doctor Giovanni Priori Posada, entregó esta semana al ministro de Justicia, Enrique Mendoza, las propuestas de reforma elaboradas por dicho grupo de trabajo.

3/12/2017


Carmen Julia Cabello

Miembro del grupo de trabajo para la revisión del Código Procesal Civil

Se trata de una revisión profunda y necesaria, cuya visión se expresa en el título preliminar, mediante la cual el sistema de justicia debe ser visto como un servicio de modo integral, que las normas procesales son solo un vehículo para prestar de manera eficaz este servicio, sin que el servicio de justicia se limite a él. El proceso, así concebido, repudia los formalismos y debe buscar la realización de los derechos fundamentales de la persona para que esta fase pueda garantizar efectiva protección de los derechos de los ciudadanos, sean de naturaleza individual, colectiva o difusa (artículos I y VI).

Concordante con este objetivo, las innovaciones propuestas al Código Procesal Civil no solo tienen en cuenta la eliminación de formalidades innecesarias, la previsión de actuaciones procesales a través de medios técnicos o virtuales concordantes con la implementación del expediente electrónico, la afirmación de la oralidad y la simplificación procesal, sino que también han previsto expresamente como obligación del órgano jurisdiccional establecer condiciones adecuadas para la comparecencia de personas en situación de vulnerabilidad, a fin de superar obstáculos para su efectiva tutela jurisdiccional.

Para ello, se han recogido disposiciones establecidas en tratados internacionales, como las 100 Reglas de Brasilia, sobre Acceso a la Justicia de personas en condición de vulnerabilidad, vinculantes para los poderes judiciales de 23 países de Iberoamérica.

Por ejemplo, en el caso de niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores, corresponde que las sedes judiciales implementen ambientes adecuados y seguros para su comparecencia.

Inclusive, para estas personas, cuando la situación lo justifique, las audiencias podrán realizarse en los domicilios, centros de atención residencial o centros de atención hospitalaria.

Igualmente, se propone el uso de un lenguaje claro y sencillo en la comunicación, previéndose, además, el desconocimiento del idioma u otra condición de vulnerabilidad que impida comprender los alcances de la actuación procesal. Para ello, se brindará la asistencia de un traductor, intérprete o de equipos multidisciplinarios, a fin de favorecer su efectiva participación y la tutela de sus derechos.

En la celebración de los actos procesales se respetará la dignidad, costumbres y tradiciones culturales de las personas integrantes de comunidades campesinas y nativas, así como de otras minorías. Se postula una justicia más humana, oportuna, sin exclusiones, equitativa y en igualdad de oportunidades.