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Año del Buen Servicio al Ciudadano
SÁBADO 16

de diciembre de 2017

APORTE

Justicia para personas vulnerables

Con el objeto de garantizar el derecho de todos los ciudadanos a acceder a la justicia en igualdad de oportunidades sin sufrir discriminación alguna, el Poder Judicial ha elaborado el Plan Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad, proyectado para el período 2016-2021, dando cumplimiento al compromiso asumido al suscribir las 100 Reglas de Brasilia y la Carta de los Derechos de las Personas, en el marco de la Cumbre Judicial Iberoamericana.

2/4/2016


Víctor Ticona Postigo Presidente del Poder Judicial



Este proceso de planificación constituye un cambio en la visión institucional, pues apuesta por una justicia inclusiva, sin distinción de sexo, raza, ideología política o creencias religiosas, a fin obtener una respuesta oportuna, eficaz, imparcial y justa que satisfaga sus necesidades jurídicas; lo que implica identificar las barreras legales para remover dichos obstáculos y adoptar las medidas concretas para favorecer el goce efectivo de este derecho.



El Plan Nacional se caracteriza por su metodología participativa al interior de la institución, pues en su elaboración han intervenido activamente las cortes superiores de justicia, otorgando información sobre sus buenas prácticas judiciales, así como también se han recogido experiencias foráneas sobre atención preferente y especializada a minorías vulnerables.



De igual manera, han contribuido en su elaboración las diversas representaciones institucionales y se ha considerado las propuestas de la gerencia general del Poder Judicial, a través de la gerencia de desarrollo corporativo. Se destaca muy especialmente el trabajo realizado por el Programa Nacional de Acceso a la Justicia de Personas Vulnerables y Justicia en tu Comunidad, a cargo de la jueza suprema Carmen Julia Cabello Matamala, que colaboró eficientemente en la elaboración de este plan.



Entre las diversas propuestas presentadas, se plantea implementar el denominado Sistema Informático de Poblaciones Vulnerables (Sispov), a fin de identificar los expedientes de personas en condición de vulnerabilidad mediante un aplicativo informático. También se diseñará un formato de demanda para los casos de alimentos y filiación para hacer más expeditiva su atención.



El Poder Judicial asegurará que el trato que reciban las personas pertenecientes a comunidades indígenas por parte de los órganos de la administración de justicia estatal sea respetuoso con su dignidad, lengua y tradiciones culturales.



Para los procesos en los que deba reservarse la identidad e intimidad de menores, se propone la elaboración de ‘carpetas informatizadas’ con condición de ‘reservadas’ para uso exclusivo de los operadores judiciales.



También se promoverá la creación de las salas de encuentro familiar como el ambiente neutral, especial y seguro para que el juez reciba con asistencia del equipo multidisciplinario; y para el caso de los adolescentes en conflicto con la ley penal, impulsaremos la implementación progresiva, a escala nacional, del Servicio de Orientación al Adolescente (SOA), aplicando el modelo diferencial de tratamiento en medio abierto y desarrollando un plan piloto en las 20 cortes superiores de justicia que aún carecen de este servicio.



En materia de infraestructura, se construirán rampas de acceso en todas las sedes judiciales, así como pasillos amplios para favorecer el ingreso de personas en sillas de ruedas o con dificultades motoras. Igualmente, se implementarán salas de espera para los adultos mayores, lactarios para las madres, entre otros.



Con este ambicioso proyecto queremos fortalecer nuestra política institucional de garantizar el acceso pleno a los servicios de justicia de todos los peruanos, no solo mediante el uso de un lenguaje sencillo, claro y entendible, sino sobre todo con la implementación de servicios adecuados, suficientes e idóneos que garanticen una pronta y eficaz atención a la población más vulnerable.



No olvidemos que la administración de justicia constituye un servicio público, y es a través del Plan Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad que el Poder Judicial contribuye al fortalecimiento del Estado constitucional de derecho y a la protección efectiva de los derechos humanos.



No olvidemos que la administración de justicia constituye en sí misma un servicio público.