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Año del diálogo y la reconciliación nacional
LUNES 19

de febrero de 2018

ANÁLISIS

La ley de la carrera del trabajador judicial

La decisión del Congreso de aprobar en primera votación la Ley de la Carrera del Trabajador Judicial ha causado satisfacción entre trabajadores y los propios magistrados porque los excluye del ámbito de la Ley del Servicio Civil.

24/12/2017


Edhín Campos Barranzuela

Juez Superior Titular de la Sala Penal Nacional

Esta nueva situación laboral, de confirmarse en segunda instancia, puede ayudar mucho a mejorar el servicio judicial en el país porque se trata de uno de los principales reclamos de los trabajadores, una de las causas de las últimas paralizaciones sindicales, bajo la justificación que su labor es especializada respecto a otros sectores del Estado.

Las huelgas son dañinas para el sistema de justicia porque frustran audiencias, generan morosidad procesal, además de millones de pérdidas, en tiempo y recursos, para el Poder Judicial y los propios justiciables.

El proyecto, propuesto por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, recoge una serie de innovaciones laborales y regula de manera clara y detallada la Carrera del Trabajador Judicial, su permanencia, ascenso y terminación.

Se trata de una futura ley que va en concordancia con la Ley de la Cerrera Judicial (Ley N° 29277), que justamente regula el ingreso, permanencia y ascenso de los magistrados. Era necesario contar con una contraparte legal que homologue y regule el desarrollo funcional del personal auxiliar jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial.

La regulación de la Carrera del Trabajador Judicial dotará a los servidores judiciales de una estructura orgánica y funcional coherente para la consecución de objetivos específicos, y además establecerá las pautas para el ingreso, permanencia y ascenso de las plazas sometidas a concurso público.

Establece principios rectores de la carrera del trabajador judicial, disposiciones generales, ingreso a la carrera judicial, selección, nombramiento, capacitación, derechos, deberes y prohibiciones, régimen remunerativo, negociación colectiva, régimen disciplinario, faltas y sanciones, entre otros temas.

De la misma forma, fija los niveles de los trabajadores judiciales que cumplen funciones jurisdiccionales y administrativas, como, por ejemplo, el cargo de relator, secretario, asesor, analista II, asistente administrativo, asistente de juez, especialista legal, administrador, perito judicial, técnico judicial, auxiliar administrativo, auxiliar judicial, entre otros.

Uno de los capítulos más importantes está relacionado con la nivelación de sus remuneraciones, gratificaciones, asignaciones e incentivos económicos que, indudablemente, permitirá una mejora económica tan postergada durante estos últimos años.

De la misma forma, se establece un procedimiento disciplinario, a fin de prevenir y corregir los actos que sean considerados como faltas, garantizando la efectividad y eficiencia en el servicio de justicia, en el marco del respeto a los derechos laborales.