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Año del Buen Servicio al Ciudadano
LUNES 11

de diciembre de 2017

Lava Jato y la justicia peruana

El caso Lava Jato y sus implicancias en el Perú deben ser una oportunidad de llevar adelante los cambios que el sistema de justicia requiere, a fin de contar con un poder autónomo e independiente, pero también oportuno y predecible, como corresponde a una democracia moderna.

5/12/2017


Estamos hablando de una administración de justicia, que, efectivamente, cuente con los recursos presupuestarios necesarios para tener jueces y fiscales en número suficiente y personal adecuadamente remunerado, de manera que gocemos de una justicia expeditiva para el litigante.

En este punto, hay que saludar los avances en la gestión del presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, para implementar a escala nacional del Expediente Judicial Electrónico (EJE), que se espera esté presente en todas las cortes del país dentro de cuatro años.

En la línea de fortalecer la justicia, es necesaria una buena coordinación con los otros poderes del Estado, para mejorar los procesos judiciales y evitar vacíos que son aprovechados para dilatar o distorsionar el sentido de justicia.

Por ejemplo, el Ministerio del Interior se queja de que al menos el 30% de los policías que son destituidos por actos de corrupción, luego son repuestos por una medida cautelar del Poder Judicial.

Rodríguez señala que esto ocurre porque dichos policías recurren a provincias lejanas para que un juez les acepte su acción de amparo.

Frente a esto ha presentado un proyecto en el Congreso que precisamente impedirá esta práctica, y obligará a resolver estos recursos en el distrito judicial donde se lleva el caso.

Las coordinaciones entre el Ministerio Público y la Policía Nacional han mejorado este año. Prueba de ello son las numerosas operaciones para desarticular bandas organizadas, con la participación de un buen número de fiscales, lo que garantiza una intervención ordenada y de acuerdo a derecho.

Ahora que el Poder Judicial hace noticia con la resolución del juez Richard Concepción Carhuancho que dicta 18 meses de prisión preventiva contra cuatro directivos de las empresas consorciadas con Odebrecht, es importante insistir de nuevo en el rechazo a toda injerencia política o económica en la administración de justicia.

El Ministerio Público y el Poder Judicial son constitucionalmente los responsables de administrar justicia en el país; manejan sus tiempos y se deben respetar sus sentencias, por lo que ningún poder del Estado debe decirle lo que tienen que hacer.

Debemos desterrar todo atisbo que signifique una injerencia del poder político o económico en los tribunales, en estricto cumplimiento de la Constitución del Estado, pero además porque es la única manera de generar un sistema judicial confiable y predecible, como corresponde a una democracia moderna.

Hay muchas cosas que mejorar en el sistema de justicia, pero toda reforma se debe hacer respetando la institucionalidad democrática y con plena autonomía e independencia.